Un factor caracteriza a todos los políticos, sean de derecha, izquierda o centro, es la meta de alcanzar su objetivo máximo. Se trata de la búsqueda del poder o las ansias de conservarlo. Este factor hace que partidos y militantes puedan «pasar ríos de sangre», olvidar principios y lealtades, incurrir en acciones de verdaderos tránsfugas, atropellar las leyes y la Constitución Política del Estado (CPE), y llegar a bajos comportamientos. El poder emborracha a quienes lo alcanzan y causa envidia a los que ambicionan esa panacea que, eventualmente, pueda calmar la ambición que los devora.
Por ello la frase «el fin justifica los medios», atribuida a Maquiavelo, a Napoleón Bonaparte y a Hermmann Busenbaum, se acomoda al actuar de los políticos, porque que sin importar la naturaleza de los recursos que se utilicen ni las consecuencias, lo único que buscan es lograr sus objetivos.
En la actual situación política que vive Bolivia es notoria la ausencia de los partidos, pero no por ello están ausentes los políticos mimetizados en las organizaciones sociales, que laten al ritmo de la actual crisis. Actualmente ha surgido un nuevo elemento que ahora se manifiesta por todos los medios a su alcance, especialmente por las redes sociales que dan forma, fuerza, coherencia y crecimiento a algunas movilizaciones ciudadanas, cívicas y sectoriales, reclamando respeto a las leyes, a la Constitución Política del Estado y a los principios democráticos, aunque no se puede negar que también sufren de incrustaciones «de los politiqueros de siempre».
El conflicto actual pareciera centrarse en temas puntuales, hace unos meses fue el intento de aprobar un Código del Sistema Penal atentatorio a los derechos humanos y a la Constitución Política del Estado; en otro momento fue el supuesto derecho de Evo Morales a ser candidato cuantas veces quiera por encima de las normas legales; hoy es en torno a una candidatura que una a la oposición para las elecciones del próximo año, entre otras posiciones que encuentran coincidencia en las organizaciones sociales.
Pero en la base y como columna vertebral de estas movilizaciones se encuentra la connotación histórica de la voluntad popular expresada en las urnas el 21 de febrero de 2016, en un referendo que rechazó la posibilidad de postulación de los actuales gobernantes para las próximas elecciones. Ha sido la voluntad ciudadana que debe interpretarse como la decisión mayoritaria de defender el respeto a las normas legales, especialmente a la CPE, preservar la democracia, defender los principios de alternancia en el poder y hacer que se cumpla el mandato constitucional de la separación de poderes, es decir, la autonomía de los Órganos del Estado.
El significado del 21 F ha trascendido el objetivo del gobierno al convocar al referendo. No se debe olvidar que el 5 de noviembre de 2015, se promulgó la ley Nº 757, Ley de convocatoria a referendo constitucional aprobatorio de una reforma para viabilizar la reelección indefinida de Evo Morales. El resultado fue un duro golpe para las pretensiones de continuismo, demostrando una serie de situaciones que el gobierno no supo medir en su momento, y que hoy afloran todos los días con un descontento manifiesto hasta con hechos en los que el gobierno no controla. Hoy el 21F se ha convertido en un estandarte ciudadano por la defensa de los derechos de la gente, y fundamentalmente, del respeto a la CPE y las leyes, y se enarbola contra la arbitrariedad, la ilegalidad y el abuso en el ejercicio del poder.