El expresidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda se presentó este jueves ante la Fiscalía para declarar en el caso denominado «golpe de Estado» y presentó «pruebas» de la quema de su casa y las supuestas presiones que recibió para renunciar como el «secuestro» de su hermano.
El exdiputado oficialista del Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce fue citado a declarar por la Fiscalía en el caso conocido como «golpe de Estado» que investiga la crisis política y social de 2019.
Borda presentó fotografías y una memoria USB que contiene «pruebas» del incendio de su casa en 2019 en la región andina de Potosí y del secuestro de su hermano que le tuvieron como «rehén» hasta que presentara su renuncia.
El exdiputado contó a los medios cómo secuestraron a su hermano por al menos seis horas para presionar su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados.
«Renuncio y a la media hora lo sueltan y lo entregan a la Policía, posteriormente es internado en una clínica», explicó.
Además recordó que anunció su renuncia a través de medios de comunicación para que liberaran a su hermano.
En noviembre de 2019 Bolivia vivió una crisis social y política luego de las elecciones fallidas de octubre y la renuncia a la Presidencia de Evo Morales, quien denunció que supuestamente fue forzado por un «golpe de Estado».
Borda se encontraba en la línea de sucesión tras la dimisión de Morales, pero renunció al igual que la presidenta de la Cámara de Senadores, la también oficialista Adriana Salvatierra.
Por la investigación de este caso también está convocado a declarar en esta semana el exdiputado Rubén Medinaceli del partido gobernante.
La siguiente semana se deben presentar otros cinco convocados entre los que están el exjefe de campaña de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC) Ricardo Paz Ballivián y el excoordinador político de ese partido José Antonio Quiroga.
También Luis Vásquez, el asesor del expresidente Jorge Quiroga; Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, quien además es asesor del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y Roberto Moscoso, asesor del empresario opositor Samuel Doria Medina.
El llamado caso «golpe de Estado» se inició a instancias de la demanda de una exdiputada oficialista por la crisis que derivó en la renuncia de Evo Morales que para el oficialismo fue un derrocamiento y que para la oposición fue consecuencia de las denuncias de fraude electoral en su contra.
Por este caso ya declararon Áñez, la exsenadora Adriana Salvatierra y la exdiputada Susana Rivero, ambas del gubernamental Movimiento al Socialismo y el expresidente y excandidato presidencial, Carlos Mesa.
En el marco de esta investigación la expresidenta Áñez y dos de sus exministros están detenidos en cárceles de La Paz preventivamente desde marzo pasado.