El fraude debe ser castigado

La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió el informe final de auditoría denominado Análisis de Integridad Electoral, de los comicios generales del pasado 20 de octubre, en el que se confirma que hubo manipulaciones «dolosas», alteraciones de actas, falsificaciones y también una estructura informática oculta y paralela a la del conteo oficial y del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que fue utilizada en la suplantación de resultados. El informe revela que la estructura oculta era de conocimiento de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con excepción de Antonio Costas. Los vocales que se coludieron en esta manipulación coordinaban con una persona externa que no era parte del Órgano Electoral ni de ninguna institución relacionada con el conteo. El nombre de esta persona, así como de otros implicados ha pasado a conocimiento del Ministerio Público. Las conclusiones de la OEA constan en un documento en el que se detalla el procedimiento del análisis, logrando establecer «una manipulación dolosa de los comicios en dos planos. A nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. A nivel del procesamiento de los resultados, a partir del redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas», Se detallan también otras irregularidades haciendo notar que hubo deficiencias en el resguardo de las actas, así como fallas en los sistemas de control informático que incidieron en que los comicios no puedan ser validados.

El informe hace referencia a que hubo parcialidad de la autoridad electoral. Los vocales del TSE, quienes debían velar por la legalidad e integridad del proceso, permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral, Hace notar que los sistemas de transmisión de resultados electorales preliminares y de cómputo definitivo estuvieron viciados; Hubo irregularidades y falsificaciones en el llenado de actas electorales. La deficiente cadena de custodia no garantizó que el material electoral no haya sido manipulado y/o reemplazado. Las actas del cómputo no son confiables; se destaca que las actas ingresadas en el último 4,4% tienen un número llamativo de observaciones. También señala que la tendencia mostrada en el último 5% del conteo es altamente improbable, y que no era posible que se hubiese efectuado un triunfo del MAS en primera vuelta.

El informe hace énfasis en los dos servidores que no estaban registrados en el sistema (BO1 y BO20) pero que se utilizaron en diferentes momentos. El primero desde el inicio de la jornada electoral hasta que se paró la TREP (19:40) y el segundo desde el 21 de octubre hasta el cómputo final. El servidor BO1 no estaba registrado y el BO20 ni siquiera fue reportado hasta que fue hallado por la auditoría de la OEA. En las investigaciones surgió un técnico informático asesor del tribunal, que no era parte de la planta efectiva del Sereci, que no estaba contratado por Neotec (la empresa que gestiona el software), no era parte de la planta de la Dirección de Tecnologías de Información (Dntic) y tampoco era parte de la empresa auditora Ethical Hacking.

«Dicho asesor fungió aparentemente como responsable de seguridad de información del OEP sólo durante el proceso, no presentó informe alguno al equipo auditor de la OEA ni fue presentado a los peritos auditores como funcionario por parte del TSE», señala el reporte. Todos estos elementos de índole legal y también del ámbito técnico obligan a una amplia investigación, ya que los elementos de juicio del informe, necesariamente tienen que derivar en un proceso legal que deje jurisprudencia, para que nunca más quede en la impunidad un fraude a la voluntad ciudadana. Se ha burlado la voluntad de los ciudadanos que acudieron a las urnas a expresar su decisión y preferencia sobre los candidatos. Se ha defraudado la confianza ciudadana y se ha perjudicado económicamente al país al tener que efectuar nuevas elecciones que obligan a emplear recursos que podían servir para salud, educación u otras necesidades.