En forma lenta y sembrada de chicanas, como se ha hecho costumbre en la justicia boliviana, se desarrollan los procesos establecidos para determinar responsables del fraude electoral de las últimas elecciones generales. La identificación de los autores no debiera ser un problema ya que se sabe quiénes diseñaron, efectuaron, contrataron empresas y personal técnico para el desarrollo de los comicios. Inclusive despidieron a funcionarios y especialistas días antes del acto electoral, para poner gente afín a sus intereses. Los responsables de todos los artificios empleados han sido los miembros y personal ejecutivo de Tribunal Supremo Electoral y del gobierno de Evo Morales, que juntos, determinaron acciones, y a su turno, actuaron para llevar adelante unas elecciones viciadas de una serie de transgresiones legales y privilegios para el oficialismo.
Pese a esta situación -que puede considerarse una premisa para llegar a conclusiones, junto a las evidencias y contradicciones de los sindicados-, las causas apenas comienzan y hasta ahora solamente se han citado a presuntos responsables y testigos. Naturalmente que todos se dicen inocentes y se victimizan. La justicia en nuestro país, desgraciadamente, ha sido hundida en el descrédito, y la desconfianza se acrecienta conforme pasa el tiempo para ventilar los acontecimientos de octubre. El hecho es que ha habido fraude, existen evidencias. Inclusive el informe de auditoría de la OEA, establece los alcances del fraude. Asimismo, las investigaciones dentro del proceso establecen también detalles de los hechos. Por ejemplo, al gerente de la empresa Ethical Hacking, Álvaro Andrade, quien es testigo en el caso del fraude electoral, identificó a la exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Lidia Iriarte, como la responsable de haber ordenado la paralización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), momento en el cual se sospecha que se cometieron las irregularidades en el cómputo de las elecciones del 20 de octubre del año pasado.
La revelación se hizo en una audiencia de anticipo de prueba, en la cual Andrade brindó declaración previa al juicio en presencia de los exvocales del TSE. El informe detalla que mientras Andrade explicaba las irregularidades, el fiscal pidió identificar a la vocal que ordenó paralizar el TREP. El testigo apuntó a Iriarte. Recordemos que la empresa Ethical Hacking, fue contratada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para realizar una auditoría antes de las elecciones, y su principal responsable, Andrade, aseguró que efectuó un informe a la entidad señalando que el software del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, era inseguro.
Pero hay mucho más. Otros elementos surgen del careo a que fueron sometidas la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, y Florencia Laruta, exvocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, para esclarecer el origen de una llamada telefónica que se realizó el 21 de octubre de 2019, horas después de la paralización del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), supuestamente, por instrucciones del Ejecutivo, según el fiscal que investiga el caso, Alexis Vilela. De acuerdo a la versión que fue publicada por diferentes medios de comunicación, la señora Choque habría manifestado que recibió una llamada del Ejecutivo, de acuerdo a la versión de la vocal del TED de La Paz. A su vez, la expresidenta del TSE, reconoció que hubo la llamada y que hubo la conversación, pero que fue por aspectos técnicos y negó que hubiera mencionado las llamadas del Ejecutivo que refiere Laruta en su declaración. Lamentablemente, la lentitud de la justicia hace que, a más de 4 meses del fraude electoral, apenas se están haciendo las primeras indagaciones sobre un hecho que burló la voluntad ciudadana, transgredió el ordenamiento jurídico y derivó en hechos violentos alentados por los responsables del fraude.