El general Cuéllar es enviado a detención domiciliaria entre incidentes en Sacaba

Alfredo Cuéllar
APG

Un juez definió detención domiciliaria para un general de las Fuerzas Armadas investigado por muertes de civiles, en medio de incidentes entre familiares del militar y de las víctimas.

El juzgado primero de instrucción penal de la ciudad de Sacaba determinó detención domiciliaria con custodios para el militar Alfredo Cuéllar sin derecho al trabajo, arraigo y una fianza de unos 36.000 dólares, informó a los medios su abogado Patricio Vargas.

Además el general, quien es investigado por el presunto delito de asesinato, deberá presentarse al Ministerio Público dos veces a la semana y no puede comunicarse con otras personas que estén dentro de la investigación.

Familiares de las víctimas, quienes hacían vigilia afuera del juzgado, protestaron al conocer la determinación que calificaron de «injusta».

«Estoy indignada, no vamos a permitir esto, no nos vamos a dejar», expresó una de las familiares a medios locales.

El general es el primer detenido en la investigación de la muerte de diez civiles por disparos en un operativo militar y policial hace un año en Sacaba, una ciudad del centro del país.

Enfrentamientos y grescas

Más temprano, afuera del juzgado donde se realizó la audiencia hubo tensión y enfrentamientos entre familiares del militar, que también realizaban una vigilia con carteles y banderas bolivianas, y familias de los fallecidos, mientras unos pedían libertad para el acusado y otros que se haga «justicia».

Los bandos se enfrentaron a gritos y se lanzaron arena y botellas, hasta que la Policía intervino la gresca con material antidisturbios como gases lacrimógenos.

El militar fue aprehendido el pasado miércoles por «existir riesgos de fuga y obstaculización» y es investigado por los hechos de noviembre del año pasado, según la Fiscalía.

El 15 de noviembre de 2019 en la zona de Huayllani en Sacaba hubo un operativo de fuerzas conjuntas de seguridad en el que fallecieron al menos diez personas, que eran parte de una manifestación contraria al Gobierno de la entonces presidenta transitoria Jeanine Áñez.

El militar fungía entonces como comandante departamental de Cochabamba del Comando Estratégico de Operaciones del Ejército.

Tras su aprehensión, el comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Zabala, expresó que esta institución se encuentra «desconcertada» por la detención del general, ya que solo cumplen órdenes de «resguardar y proteger constantemente el bien común».

«Las Fuerzas Armadas no actuamos de forma arbitraria, cumplimos acciones de mando dispuestas por el capitán general. Estamos seguros que las acciones de los mandos militares se enmarcaron en las leyes, decretos supremos y reglamentos en actual vigencia», enfatizó Zabala.

El capitán general en Bolivia es el jefe de Estado, en ese entonces gobernaba Áñez, que fue cuestionada por ese tipo de operativos y un decreto que daba inmunidad a militares y policías, luego anulado.

La defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz, sostuvo que las Fuerzas Armadas no pueden «evadir su responsabilidad en la vulneración de derechos constitucionales» y poner como «excusa» que acataron una orden.

Entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre del año pasado fallecieron 37 personas en distintos sucesos violentos por la crisis política y social que atravesó Bolivia, según la Defensoría del Pueblo.

A finales de 2019 se desarrollaron diversos operativos policiales y militares en medio de la tensión por los bloqueos en las calles, la escasez de comida y combustibles y los constantes enfrentamientos a favor y en contra de Evo Morales, que renunció a la Presidencia denunciando un golpe de Estado.

Una comisión del anterior Parlamento sugirió un juicio de responsabilidades contra la expresidenta interina y varios de sus ministros a causa de hechos como los de Sacaba.

El lunes pasado llegó a Bolivia una comisión de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar los casos violentos durante la crisis social y política de 2019.