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jueves, septiembre 29, 2022
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El GIEI pide a Bolivia avanzar en investigación de «todos» los hechos de 2019

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió este miércoles que se avance en «todas las investigaciones» de «todos los hechos» que abarcan la muerte de civiles y violaciones a los derechos humanos durante la crisis política que vivió Bolivia en 2019.

La recomendación fue planteada en la presentación ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) del «Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019».

Ese estudio refleja en unas 479 páginas los sucesos que afrontó el país en la etapa final del mandato de Evo Morales, que renunció denunciando un «golpe de Estado» en medio de denuncias de fraude electoral, y la posterior llegada de Jeanine Áñez a la Presidencia de manera interina.

Reparación de las víctimas

El documento fue elaborado por un grupo de expertos enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que por ocho meses recabó testimonios y documentos aclarando que «no ingresó en dilucidar si hubo fraude o golpe de Estado», remarcó la integrante del GIEI Patricia Tappatá, en la presentación del documento.

En los sucesos de 2019 murieron unos 37 civiles en «ejecuciones sumarias» por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas como el caso de las llamadas «masacres» de Sacaba y Senkata, dijo a su turno Marlon Wichter, otro de los integrantes del grupo de investigación.

No obstante, también se menciona que hubo «homicidios producidos por particulares» que fueron «tolerados por agentes estatales» que abarcan algunos hechos previos a la renuncia de Morales.

En las conclusiones del informe también se estableció que las fuerzas de seguridad «usaron la fuerza de modo excesivo», que hubo detenidos por parte de grupos civiles, «discriminación de género» y violaciones a la integridad de las mujeres, hostigamiento a la prensa, entre otras vulneraciones.

Asimismo, se menciona que la justicia fue «incapaz» de investigar e «impedir» detenciones arbitrarias por lo que se pidió «que se avance en todas las investigaciones» de «todos los hechos», además, de que se trabaje en la reparación de «todas las víctimas» sin que existan criterios de discriminación política.

La presentación del informe ante la OEA tuvo un componente similar a la entrega de las conclusiones que hizo el GIEI a mediados del año pasado.

Avances de las recomendaciones

El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, en una entrevista con Efe este miércoles consideró que existe un nivel «medio» en la aplicación de las recomendaciones del GIEI que buscan la reparación de las víctimas, la búsqueda de «memoria, verdad y justicia», además, de la reforma de la justicia y de instituciones como la Policía.

Justamente, Arce se refirió a un próximo acuerdo que se suscribirá en La Paz entre la CIDH y el Estado boliviano para la implementación de «una mesa de seguimiento a las recomendaciones» del GIEI.

El embajador boliviano ante la OEA destacó algunas acciones como la creación de comisiones de fiscales, acuerdos y acercamientos con las asociaciones de víctimas de los hechos de 2019 que van desde el apoyo económico y psicológico a los afectados.

Arce consideró que el informe del GIEI contiene también «un llamamiento a las fuerzas de oposición» en dar vía el juicio de responsabilidades a la exmandataria interina Áñez que está en el Parlamento por los hechos de Sacaba y Senkata, puesto que el voto oficialista no alcanza para que se inicie ese proceso pesa a tener la mayoría.

Áñez está detenida hace casi un año por acusaciones relacionadas con supuestas ilegalidades para situarse en línea de sucesión constitucional tras la renuncia del presidente, vicepresidente y máximas autoridades del Senado y la Cámara de Diputados, pero no por los hechos calificados como «masacres».

Arce manifestó su confianza en la justicia boliviana, a pesar de las fuertes críticas que se le hacen, ya que en el pasado ha conseguido «llevar adelante» procesos «verdaderamente simbólicos».

Consideró que una reforma de la justicia, como propuso el GIEI, «no solamente es factible sino que es urgente» y que esta debiera «ser trabajada en conjunto» y por «consenso» con las fuerzas de oposición.

Sin embargo, el embajador cuestionó a los partidos opositores que, a su juicio, carecen de una «mínima voluntad» de entablar un diálogo con el Gobierno.

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