Evo Morales fue acusado formalmente de delitos como terrorismo y sedición por el Gobierno interino de Bolivia, con base en «pruebas» como un video en el que se atribuye su voz para supuestamente incitar a bloqueos de ciudades en el país.
La denuncia contra Morales, asilado en México, fue presentada en la Fiscalía de La Paz por el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.
Denuncia contra Morales
El ministro dijo a los medios que el Gobierno provisional de Jeanine Áñez pide las máximas penas por estos delitos.
Las penas por terrorismo en Bolivia van de 15 a 20 años de prisión y la sedición está penada con 1 a 3 años de cárcel.
«Las pruebas están claras», defendió Murillo, en referencia a un video en que se escucha una voz atribuida a Morales, cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes La voz, por teléfono supuestamente desde México, incita a un dirigente cocalero en Bolivia a mantener bloqueadas las ciudades.
«Evo dice que maten a los bolivianos haciendo cerco a las ciudades», exclamó el ministro, para denunciar que «esa es la verdadera cara, el verdadero rostro » de Morales.
La denuncia es también contra el que exministro de Presidencia Juan Ramón Quintana, en paradero desconocido.
El titular de Gobierno recordó que Quintana, un exmilitar metido en política que representó el núcleo duro de varios Gobiernos de Morales, amenazó con que Bolivia se convertiría en «un nuevo Vietnam».
Investigación de la fiscalía
Por su parte, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo en una rueda de prensa que el Ministerio Público ya investiga la veracidad del video que se atribuye a Morales.
Para ello ha pedido a la Cancillería de Bolivia que contacte con la de México por si necesita su apoyo.
La investigación incluye pruebas periciales para determinar la veracidad de la voz, además de que se ha solicitado a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) de Bolivia que informe si el teléfono desde el que supuestamente habla Evo Morales desde México es del Estado boliviano.
Si fuera así, podría incurrir en un uso indebido de bienes del Estado, advirtió Lanchipa.
La Policía Boliviana localizó en la región oriental de Santa Cruz el celular en el que se descubrió el video con la conversación entre un dirigente cocalero y supuestamente Evo Morales, recordó el fiscal.