El Gobierno anunció un recurso de inconstitucionalidad contra una ley que regula el estado de excepción en el país, el día después de ser aprobada en el Parlamento.
La ley fue aprobada en la víspera en la Asamblea Legislativa, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene mayoría, y el ministro de Defensa, Luis Fernando López, advirtió de que va contra la Constitución.
«Vamos a frenar la ley del MAS» en el Tribunal Constitucional, dijo a los medios en La Paz.
López consideró que el MAS del expresidente Evo Morales pretende «maniatar toda la parte operativa de las Fuerzas Armadas y la Policía para que hagan lo que quieran -sus parlamentarios- con la seguridad de los bolivianos».
El Ejecutivo de Jeanine Áñez considera que la norma le resta potestades en beneficio de la Asamblea, con la intención de que las fuerzas armadas y de seguridad tengan limitada su labor de «defender el orden y pacificar el país», en palabras de López.
La ley establece que el Ejecutivo puede declarar estado de excepción por conmoción interna, desastre natural y por amenazas externas, sin suspender derechos fundamentales y con multa pecuniaria para quien lo incumpla, pero no con detención o penas de cárcel.
El Legislativo podrá aprobar o rechazar la declaración, por mayoría absoluta, y el estado de excepción será de un máximo de 60 días.
La ley pretende que «ningún Gobierno pueda disponer de la Policía y de las Fuerzas Armadas el rato que le dé la gana, (…) como lo ha hecho este Gobierno transitorio», advirtió el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, del MAS, durante la tramitación de la norma.
Varios apartados aluden al empleo de armas de fuego y a la responsabilidad de militares y policías, cuestionada en la crisis del año pasado en el país después de que fueran eximidos penalmente por un decreto de Áñez, luego derogado entre denuncias de haber disparado mortalmente a civiles, que su Gobierno interino rechaza.