Centenares de funcionarios públicos, cadetes de la Policía, indígenas y representantes del colectivo LGBTI, entre otros sectores, participaron este martes en una movilización convocada por el Gobierno para recordar el Día Nacional contra el Racismo y la Discriminación.
La marcha estuvo liderada por la ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Sabina Orellana, cuyo despacho está encargado de la lucha contra el racismo y discriminación.
Los funcionarios llevaban pancartas con mensajes que decían «todos somos iguales ante la ley», «no al racismo» y «el racismo también es un virus», entre otros.
Algunos ministerios marcharon al compás de bandas musicales y también participó la Saya Afroboliviana con cantos y bailes típicos de esa comunidad que reside mayoritariamente en la zona subtropical de Los Yungas.
En declaraciones a Efe, la ministra Orellana mencionó que el Día Nacional contra el Racismo y la Discriminación se instauró para recordar que el 24 de mayo de 2008 un grupo de campesinos de la región sureña de Chuquisaca sufrieron «discriminación y la humillación de alguna gente que es intolerante, que no respeta a los pueblos».
«Eso es lo que estamos recordando y decimos (que) nunca más debe pasar lo que pasó en 2008 y en 2019 en el Estado boliviano», señaló Orellana.
Antecedentes
En mayo de 2008, una movilización social en Sucre ultrajó y agredió a indígenas y campesinos afines al entonces presidente Evo Morales, en medio de un conflicto político con opositores.
Ese día, el Ejecutivo tenía previsto entregar a los campesinos tractores y otros beneficios, pero una violenta movilización encabezada por un denominado Comité Interinstitucional impidió que se desarrolle el acto.
Los manifestantes condujeron a varios campesinos e indígenas que iban a participar en el evento con el Gobierno a la plaza principal de Sucre, donde los despojaron de sus ropas, los maltrataron y los obligaron a insultar al mandatario.
Por esos sucesos, el Gobierno de Morales decretó que esa fecha sea el Día Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y promovió una ley vigente desde 2010 que tipifica y sanciona estas prácticas.
Norma y datos
Orellana sostuvo que las organizaciones sociales y la población «se tienen que apropiar de la ley» para que se cumpla, aunque también consideró que hay fallas en la administración de la Justicia para sancionar a quienes cometen actos racistas o discriminadores.
Desde la promulgación de la norma solamente se han emitido tres sentencias, indicó.
«Eso no puede ser, no podemos tolerar ya, somos seres humanos todos, del campo, de la ciudad, nos complementamos, ambos nos necesitamos, pero todavía existe (el racismo) y no hay sanción para esas personas», lamentó.
En un evento en Chuquisaca, el presidente del país, Luis Arce, señaló por su parte que ahora se debe «luchar contra otra pandemia, que es el racismo que lamentablemente persiste».
La Defensoría del Pueblo advirtió en un comunicado que los hechos de racismo y discriminación persisten contra grupos vulnerables como las mujeres, adultos mayores, menores, personas con discapacidad, campesinos e indígenas, población LGBTI y afrodescendientes, entre otros.
Entre 2013 y marzo de 2022, la institución atendió 815 casos de racismo y discriminación contra poblaciones en situación de vulnerabilidad, de los que 319 se relacionaban con los derechos de las mujeres.
Del total de casos, 513 fueron vulneraciones de derechos vinculados a edad, color, raza, estado civil, privación de libertad, discapacidad, apariencia física, otros 92 se relacionaron con opiniones de cualquier índole y 66 se refirieron al origen cultural y pertenencia a un pueblo indígena o campesino, entre otros.
La Defensoría lamentó que no se hayan materializado muchas de las acciones incluidas en un «plan multisectorial» estatal contra el racismo y discriminación para el periodo 2016-2020.