Los sindicatos y gremios que impulsan una ola de protestas y huelgas en Panamá para conseguir que baje el costo de la vida, entre otras reivindicaciones, no acudieron este jueves al diálogo convocado por el Gobierno y alegaron una falta de consensos previos.
El Ejecutivo de Laurentino Cortizo llamó el miércoles a todos los sectores en protesta a participar este jueves en una mesa de diálogo en la capital panameña, mediada por la Iglesia católica, para encontrar «juntos soluciones viables y factibles a los problemas que aquejan a la sociedad».
El llamado lo hizo el Ejecutivo luego de que anuncios como una subvención general al combustible o la reducción del gasto del Estado para evitar más endeudamiento público, fueron tildadas de medidas «insuficientes» por los gremios y organizaciones sociales, que han continuado con las protestas en casi todo el país.
Falta de consenso previo
Portavoces de la Alianza Pueblo Unido por la Vida y de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), las impulsoras de una huelga docente que cumplió más de una semana y las protestas, rechazaron acudir a la mesa este jueves debido a la falta de consenso previo a esta cita.
La Alianza Pueblo Unido por la Vida «está de acuerdo con dialogar con el Gobierno» pero para eso «es necesario que las partes puedan consensuar las condiciones de la mesa» antes, dijo el secretario general de la Asociación de Profesores (Asoprof) Fernando Ábrego, en una rueda de prensa en plena calle capitalina.
Se debe acordar entre las partes el «mediador, las convocatorias que el Gobierno debe hacer, la metodología, temas a discutir, lugar, fecha y hora», dijo el líder de Asoprof, que junto al poderoso sindicato de la construcción Suntracs, la confederación sindical Conusi y otras cerca de 70 organizaciones integran la Alianza Pueblo Unido por la Vida.
Diálogo entre las fuerzas que están en la calle y el gobierno
Lo que debe ocurrir es «que las partes que estamos en la calle, luchando por el pueblo, se pongan de acuerdo con el Gobierno» sobre las condiciones en que se desarrollará el diálogo, «para encontrar una solución lo más pronto posible», dijo a Efe el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez.
A juicio de Méndez, con la convocatoria para este jueves el Gobierno pretendía «montar un show», con una mesa que parece «más una feria en la que entra todo el que quiere» y hablar con «gente que nada tiene que ver» con el movimiento popular.
Asimismo, los representantes de la Anadepo, que tiene su sede en la provincia interior de Veraguas, se negaron a viajar a la capital y afirmaron que mantienen abierta la mesa instalada allá por el Gobierno, en la que no se alcanzó ningún acuerdo en dos reuniones celebradas el jueves y lunes pasados.
Anadepo además rechazó la mediación de la Iglesia: «que se mantenga al Defensor del Pueblo como moderador de la mesa, de manera tal que no sea un credo, una religión o una clase social la que nos separe», expresó la organización en un comunicado.
La iglesia presenta la ruta para el diálogo
La Arquidiócesis de Panamá difundió por su parte la «ruta para iniciar un proceso de diálogo incluyente, participativo y transparente», en la que planteó «realizar previamente acercamiento con todos los sectores».
La ruta presentada por la Iglesia católica contempla además «realizar un mapa de los actores en todo el país y propiciar la participación de todos».
«Reconocemos que no es un momento fácil para hablar de diálogo, sin embargo, es necesario recobrar el verdadero sentido que tiene esta palabra. Como bien nos dice el papa Francisco, «sólo dialogando se puede llegar a la solución de los conflictos ya beneficios compartidos y duraderos», dijo la Arquidiócesis en un comunicado.
El impacto de las protestas
Centenares de miles estudiantes permanecen sin clases de hace más de una semana y los bloqueos en la vía Interamericana, que atraviesa el país y lo comunica con Centroamérica, han provocado desabastecimiento de ciertos alimentos en la capital y otros centros urbanos así como de combustible en el interior.
Los empresarios hablan de pérdidas millonarias, piden un «gran diálogo nacional» y que el Gobierno detalle cuál es la reducción real de gastos del Estado y exigen una redistribución de los recursos hacia inversiones productivas.
Las protestas comenzaron para exigir la bajada y congelación del precio de los combustibles, alimentos y las medicinas, un alza general de salarios y el presupuesto educativo, pero han ido escalando hacia el repudio al despilfarro de los recursos del Estado y la corrupción, como se leen en las pancartas de los manifestantes.
«Estamos en la terminación de la época, no se aguanta más un Estado basado en el populismo» aparejado con el clientelismo que favorece a unos pocos, afirmó a Efe el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CN), Juan Carlos Araúz.
La verdadera tarea, agregó, «es la transformación del Estado y por eso es momento del diálogo con una ruta de transformación» que incluya necesariamente «una nueva Constitución», añadió.
La redacción de una nueva Carta Magna en Panamá es una promesa incumplida de los últimos tres gobiernos, incluido el de Cortizo.