El Gobierno de Jeanine Áñez presentó este jueves una denuncia penal contra los seis exmagistrados del Tribunal Constitucional que avalaron la candidatura de Evo Morales en pos de un cuarto mandato consecutivo, pese a que la Carta Magna limita a dos los periodos continuos.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, y el director de Movimientos Sociales, Rafael Quispe, presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano judicial.
Los exmagistrados Neldy Andrade, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Macario Lahor, Ruddy Flores y Oswaldo Valencia fueron demandados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y prevaricato, explicó Quispe a los medios.
A su juicio, los exjueces «deberían ser juzgados por otro tipo de delitos», como «traición a la patria».
Quispe y Alanoca también presentaron ante el Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra el fallo que en 2017 dio luz verde a que Evo Morales pudiera volver a presentarse en los comicios generales de 2019.
La sentencia, emitida en 2017 por los exmagistrados a instancias del partido de Morales, avaló la reelección indefinida alegando que debe respetarse el derecho del presidente a ser elegido y el del pueblo a elegirlo con base en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por Bolivia.
El tribunal siguió la misma vía que abrió en 2003 a partir de ese artículo Óscar Arias en Costa Rica y luego otros políticos como Daniel Ortega en Nicaragua en 2014 y en 2015 Juan Orlando Hernández en Honduras.
Un fallo polémico
La habilitación de la candidatura de Morales desató protestas callejeras de plataformas ciudadanas que emergieron tras el referendo del 21 de febrero de 2016, conocidas como 21-F, para pedir respeto por los resultados de aquella consulta, que negó a Morales la posibilidad de volver a postular.
La Constitución promulgada por Morales en 2009 limita a dos los mandatos consecutivos, pero el exgobernante pudo presentarse a las elecciones de 2014 también con el aval del Constitucional, al entender que su primer mandato iniciado en 2006 no contaba al pasar el país de República a Estado Plurinacional.
Su partido insistió luego hasta lograr de nuevo habilitarlo para los comicios de 2019, pero fueron anulados posteriormente.
En declaraciones a los medios, Alanoca hizo referencia al análisis de la reelección indefinida como derecho humano en las audiencias públicas celebradas recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Ante aquella instancia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «ha declarado que la reelección no es un derecho humano», sostuvo el viceministro.
Por ello, consideró que «el Tribunal Constitucional debe tomar acciones de oficio» y anular la sentencia, pero como no lo hizo, el Gobierno transitorio solicitó la nulidad del fallo.