La reacción desde el Gobierno ante una denuncia periodística sobre un caso de supuesta corrupción ha generado una serie de llamados al respeto a la libertad de información en el país.
El Ministerio de Gobierno advirtió en un comunicado de que no descansará hasta que el canal de televisión Gigavisión rectifique una información que considera falsa, sobre una supuesta compra irregular de material antidisturbios para la Policía y las Fuerzas Armadas a través de una empresa en Estados Unidos.
«Los periodistas que investigan presuntos actos de corrupción no deben ser blanco de hostigamiento o acoso. El Estado debe abstenerse de reacciones desproporcionadas que puedan generar un efecto inhibitorio o silenciador en la prensa», señaló en Twitter la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Defensoría del Pueblo calificó de «censura indirecta» el hecho de que el periodista de este canal anunciara que dejará su trabajo por unos días, al temer por la seguridad tanto de él como de su familia y de los compañeros de la televisora, en un comunicado en el que esta entidad denunció «amenazas y amedrentamientos» desde del Gobierno interino.
Estas críticas se suman a otras sobre el actuar del Ejecutivo transitorio como las vertidas por el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, y el director de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, mientras que organizaciones de prensa de Bolivia no se pronunciaron sobre este caso.
La información periodística advierte de un supuesto sobreprecio por cerca de dos millones de dólares en una compra el pasado noviembre de material como gases lacrimógenos y pelotas de goma, a través de un intermediario en Estados Unidos en vez de directamente del representante de una empresa en Bolivia.
El Gobierno interino defiende que la compra cumplió la legalidad y considera que la información «fue presentada de modo malicioso y manipulador».
El Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez anuló el mes pasado varias normas que penalizaban informaciones contrarias a la cuarentena, que fueron muy criticadas dentro y fuera del país por gremios de prensa y organismos internacionales de derechos fundamentales, al considerar que atentaban contra la libertad de expresión y de información.