El Gobierno prometió este miércoles apoyo jurídico a los periodistas víctimas de ataques durante las movilizaciones a favor y en contra de la detención del gobernador de Santa Cruz, el líder opositor Luis Fernando Camacho, e instó a presentar denuncias penales para que estos sucesos sean investigados.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que el Ejecutivo condena «enérgicamente las agresiones que sufren periodistas, vengan de donde vengan» y aseguró que estos ataques se dieron en «situaciones de conflictividad».
Alcón aseguró haber tomado contacto con algunos de los periodistas agredidos y remarcó la necesidad de que «estas denuncias que están en los medios también sean judicializadas», ya que por el momento solamente hay cuatro causas abiertas por estos sucesos.
«Como Gobierno, reconocemos la legitimidad y el valioso trabajo que desarrollan los periodistas en beneficio de la sociedad con sus ideas y enfoques diferentes, ya que estos criterios enriquecen el debate en nuestra sociedad», dijo.
Por lo que mediante el Ministerio de Justicia «vamos a hacer el seguimiento y nos sumamos de oficio en los casos que se tengan para apoyar a los periodistas víctimas de estas agresiones» que «deben ser investigadas hasta su sanción», prometió.
Alcón incidió sobre todo en las amenazas y agresiones contra trabajadores e instalaciones de los medios del Estado que, según dijo, han sido «invisibilizadas» en los manifiestos de protesta de los gremios periodísticos.
Mencionó como ejemplo que la regional del canal estatal Bolivia TV en Santa Cruz no emite señal desde hace nueve días «debido a las constantes amenazas, asedio y hostigamiento a la integridad física y psicológica de los periodistas y sus familias», de las que el citado medio responsabiliza a grupos afines a los líderes cruceños críticos del Gobierno.
También remarcó que el Ejecutivo «no ha emitido ninguna normativa» que «afecte la libertad de expresión de los trabajadores de la prensa ni de ningún ciudadano».
Además instó a los periodistas a que su trabajo «contribuya a la paz» en un marco de «responsabilidad y equilibrio» en la «situación de tensión» actual.
El martes se realizaron movilizaciones en varias regiones del país en contra del encarcelamiento de Camacho, que en el caso de La Paz terminaron en enfrentamientos violentos entre grupos opositores y oficialistas.
Al menos siete periodistas y tres camarógrafos sufrieron ataques que fueron atribuidos a los «grupos de choque» del Movimiento al Socialismo (MAS) por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP).
Estos gremios responsabilizaron al Gobierno de Arce de «no evitar» las agresiones en contra de los trabajadores de la prensa y advirtieron que hay una «falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables» de agresiones contra la prensa.
La Defensoría del Pueblo rechazó por su parte «todo tipo de amenazas a los trabajadores de la prensa que pongan en riesgo su integridad emocional y física que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generarían un efecto amedrentador, de silenciamiento y autocensura de comunicadores y comunicadoras».