El Gobierno prevé crear una «empresa comercializadora de oro» para frenar el contrabando de ese metal precioso, una actividad ilícita que se calcula que genera pérdidas anuales por más de 1.000 millones de dólares al país.
El proyecto se coordina con el Banco Central de Bolivia (BCB) con el objetivo de «recuperar la mayor cantidad de oro que se está yendo de contrabando», dijo a los medios este jueves el ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio.
El trabajo ya está listo y en los próximos días será presentado formalmente al Gobierno nacional y sobre todo «a los actores que están inmersos» en la explotación minera, «que son las cooperativas, las empresas (privadas) y nuestras empresas estatales», explicó.
El contrabando de oro se da principalmente en las zonas fronterizas con Brasil y Perú, por lo que se busca que las gobernaciones y alcaldías de las zonas afectadas participen en las labores de control y fiscalización contra esta actividad ilegal, indicó el ministro.
Según Villavicencio, en 2019 el país llegó a producir unas 42 toneladas de oro generando un ingreso aproximado de 1.850 millones de dólares.
Se cree que «una cantidad muy importante» de la producción «se va hacia el contrabando», señaló la autoridad.
«Con un pequeño cálculo que se hace, si hablamos de una exportación ilegal de unas 30 toneladas, con seguridad estamos hablando de una cifra superior a los 1.000 millones de dólares» de afectación por el contrabando, agregó.
Por esto el Ministerio de Minería y Metalurgia se ha trazado la meta de «recuperar» esos ingresos sobre todo para que las regiones y municipios productores reciban más regalías por la explotación de oro.
En diciembre pasado, la Gobernación de La Paz y el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) denunciaron irregularidades en la exportación de 318 kilos de oro par parte de una firma privada.
La empresa buscaba exportar el oro, valuado en unos 18 millones de dólares, con documentación presuntamente falsa para evadir el pago por regalías mineras, pero se logró frenar su comercialización.