El Gobierno interino reclamó una «purga urgente» en la Fiscalía del país, al denunciar que existen fiscales que actúan en su contra en casos como un reciente incidente por la detención de exautoridades de Evo Morales.
«Fiscales, jueces, puestos por el anterior Gobierno», de Morales, «buscan perjudicar casos de corrupción y narcotráfico», aseguró el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.
El pedido del ministro interino
El ministro interino afirmó que el Ministerio Público requiere una «purga urgente» e instó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a «ir limpiando» la institución de «malos fiscales».
Murillo señaló que en la institución existen «manos negras que buscan desestabilizar» al Gobierno transitorio.
La autoridad indicó que la mayoría de fiscales fueron «puestos a dedo» por el anterior Ejecutivo y junto con algunos jueces obstaculizan casos de corrupción y narcotráfico.
El titular interino de Gobierno citó el suceso del pasado sábado en el aeropuerto internacional de El Alto, junto a La Paz, cuando de madrugada fueron detenidos el exministro de Minería César Navarro y el exviceministro de Desarrollo Rural Pedro Damián Dorado.
Ambas exautoridades de la etapa de Morales en el poder contaban con un salvoconducto para poder salir del país, pero cuando iban a embarcar a un vuelo a México vía Lima fueron llevados a dependencias policiales en La Paz al constarles una orden de aprehensión por distintos procesos de supuesta corrupción.
El ministro interino dijo que la orden la emitió de madrugada un fiscal de La Paz, Samuel Lima, y pidió que sea suspendido e investigado, al considerar que actuó para perjudicar al Gobierno interino a sabiendas de que había entregado los salvoconductos.
El Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez se disculpó el mismo día por el incidente, que atribuyó inicialmente a un malentendido, y advirtió de que puede dañar la credibilidad del país, tras intervenir para que finalmente ambos pudieran salir de Bolivia unas horas después.
Las exautoridades iban acompañadas de diplomáticos de México y de la Unión Europea y Evo Morales denunció desde Argentina el incidente como un acto dictatorial de persecución política.