Los organismos internacionales pronostican un difícil proceso de recuperación económica en América Latina, en caso de producirse demora en la aplicación de reformas fiscales, que en este momento son urgentes. Bolivia, hasta el momento nada ha hecho en procura de reactivar el sistema productivo ni proteger la estabilidad de la moneda nacional. Todo lo contrario, las energías parecen destinarse exclusivamente a la política partidaria, a la represión y al control del sistema judicial.
Esta demora en trabajar para salir de la crisis económica podría tener graves consecuencias en el futuro inmediato, ya que la ayuda internacional necesariamente va condicionada a las medidas que se adopten para el seguimiento del comportamiento económico financiero en cada país. Lamentablemente, hasta ahora el gobierno actual ha adoptado decisiones inconsistentes con las urgencias, y decidió ignorar a los actores nacionales de producción, que están sobreviviendo con esfuerzo propio bajo condiciones muy complicadas que perjudican la competitividad.
La última Asamblea anual de Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizada en Colombia, y que concluyo el último fin de semana, emitió un pronosticó que señala una difícil recuperación de la economía de América Latina y el Caribe, y anunció que requerirá nuevos recursos para hacer frente a la emergencia.
El informe del BID afirma que la región saldrá de la crisis con un mayor endeudamiento, más pobreza, y el desempleo provocado por los efectos de la pandemia provocará, además, un aumento de la pobreza extrema, que saltará del 12,1% al 14,6%, Considera que sufrirán mayor deterioro de su economía los países dependientes del turismo y la exportación de materias primas. El informe del BID insiste en que el futuro de la región dependerá en buena medida de las reformas emprendidas por los gobiernos para paliar la emergencia. Recuerda que América Latina y el Caribe que concentran solamente el 8% de la población mundial, tienen el 25% del total de muertes por coronavirus.
Tras la histórica caída de 7,4% del Producto Interno Bruto regional registrado el año pasado, el BID proyecta un crecimiento de la economía de 4,1% para 2021, seguido de 2,5% en los años siguientes, de acuerdo con «la capacidad para vacunar» de los países y siempre que no se impongan nuevas restricciones que «tendrían un impacto adicional en la actividad económica». En caso contrario, el organismo internacional vislumbra un escenario negativo que «ralentizaría el crecimiento a solamente el 0,8% en 2021», -1,1% en 2022 y 1,8% en 2023.
Para evitar el escenario catastrófico, el BID instó a los países a emprender reformas fiscales urgentes, así como medidas que impulsen la productividad, cadenas de valor regionales, economía digital y creación de empleo inclusivo, sin sacrificar el objetivo de ralentizar el cambio climático que amenaza particularmente a la región. Para enfrentar esta eventualidad se gestiona nuevos recursos según el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, durante una reunión de los gobernadores del banco en la ciudad de Barranquilla.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el BID «ha movilizado más de 24.000 millones de dólares» en financiamiento para gobiernos y empresas de la región, «incluyendo 1.000 millones de dólares para financiar la compra de vacunas», explicó que «simplemente no basta con los recursos actuales». Se hace necesario «considerar una recapitalización» para que la ayuda pueda cumplir su papel en la recuperación de la región, agregó. Sin precisar el monto requerido, Claver-Carone indicó que las necesidades de financiamiento externo de los gobiernos del continente alcanzarán los 110.000 millones de dólares anuales en la próxima década.
¿Podrá Bolivia acceder al financiamiento de estos programas, que sea suficiente para afrontar la crisis? Para ello tendrá que asumir medidas recomendadas por el FMI, por el BID y el Banco Mundial, pero resulta que la tesis de enfrentarse contra las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, rechazar la ayuda ya concedida y otras medidas de hostilidad hacia los capitales internacionales, hacen pensar que el gobierno del MAS se podría ver obligado a cambiar su actitud, y negociar con el FMI al que desprecia, y aceptar las condiciones que no son otras que transparencia y seguimiento internacional de las medidas a aplicarse.