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viernes, abril 19, 2024
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El Gobierno ya no exhibirá a los aprehendidos ante los medios

El comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, informó este lunes que ya no se presentarán públicamente a los sospechosos de algún delito como se solía hacer, situación que era cuestionada por funcionarios y varias organizaciones defensoras de derechos humanos.

Aguilera manifestó a los medios locales que por «determinación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo,» ya no se exhibirán ante los medios de comunicación a las personas aprehendidas.

Uno de los argumentos del ministro era que por «transparencia» con la población se exhibía a los detenidos y que también servía para que otras posibles víctimas pudieran reconocer a los sospechosos.

El Ministerio de Gobierno presentaba a los aprehendidos ante las cámaras inclusive antes de que los detenidos afrontaran una audiencia cautelar que valorara su responsabilidad de las acusaciones.

Esta práctica fue cuestionada por varios grupos e inclusive por otros ministros del actual Gobierno y exautoridades que señalaban que no se cumplía con el debido proceso y que para mostrarlos ante los medios debían contar con una «declaración jurada» firmada por el abogado defensor de la persona aprehendida.

Además indicaban que la presentación de detenidos solo se hace en casos muy extremos.

Uno de los principales investigadores de Human Rights Watch (HRW), César Muñoz, quien había criticado esta práctica dijo que el anuncio del Ministerio de Gobierno «es un paso importante».

«Es un paso importante hacia el respeto de la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental», escribió Muñoz en su cuenta de Twitter.

Muñoz había cuestionado que con la presentación a la prensa de los sospechosos de delitos «de un plumazo» se acababa «con la presunción de inocencia y el papel de los jueces».

Además, recordó que durante los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019), Jeanine Áñez (2019-2020) y Luis Arce se han mostrado a los aprehendidos como si fuera un «trofeo».

Las normas bolivianas establecen garantías para un debido proceso y la presunción de inocencia o el derecho a la defensa de los acusados de un delito.

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