El Movimiento al Socialismo (MAS) inició este sábado el nuevo proceso instruido por una corte constitucional para preseleccionar a los postulantes a altos cargos del poder Judicial, pese a denuncias opositoras de que se busca privilegiar a gente afín al oficialismo.
La senadora oficialista Patricia Arce, que preside la Comisión Mixta de Constitución del Parlamento, lideró en esta jornada el acto de «apertura de libros notariados» para el registro de candidatos que se extenderá por once días.
«A partir de hoy empieza la inscripción de los nuevos postulantes al Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental», dijo Arce a los medios.
La parlamentaria sostuvo que el compromiso del Legislativo «es garantizar las elecciones judiciales» porque «la población necesita un cambio y la garantía de una Justicia sin injerencia política».
Arce lamentó que el proceso previo haya quedado sin efecto después de que un tribunal de Beni concediera tutela a un recurso que objetó algunos requisitos en la convocatoria y que instruyó al Legislativo hacer un nuevo reglamento y calendario para la preselección de postulantes.
A su juicio, un eventual nuevo amparo contra la elección judicial dejará en evidencia «la malicia de la población y de las actuales autoridades» de ese órgano.
«Lo único que van a hacer es perjudicar a la población y perjudicarnos a nosotros porque vamos a tener que buscar otros mecanismos que no van a ser los idóneos para garantizar que haya buenos candidatos y buenas autoridades que dirijan el órgano Judicial», manifestó.
En declaraciones a EFE, el diputado Carlos Alarcón, de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), aseguró que se lleva adelante «un proceso con reglas manipuladas por parte del MAS».
Según Alarcón, el reglamento original, que ya era «pésimo» y se hizo sin consenso con la oposición, fue modificado «acomodando los trajes a medida para que puedan ganar en esta competencia los postulantes a jueces que responden a los dos sectores del MAS», es decir, los afines al presidente del país, Luis Arce, y los leales al exmandatario Evo Morales.
Entre los cambios realizados, cuestionó que se haya retirado la exigencia de no tener militancia política en los últimos ocho años para el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental y también denunció que se ha puesto el rasero «hacia abajo», pues se simplificaron algunas exigencias de méritos académicos.
«Van a ser elecciones carentes de total legitimidad y confianza ciudadana, esta va a ser peor que las dos elecciones judiciales anteriores y se va a convertir en una tercera estafa judicial contra el país», añadió.
La Constitución vigente desde 2009 introdujo la elección mediante voto popular de las máximas autoridades de los principales tribunales con candidatos seleccionados previamente por dos tercios en el Legislativo.
En las primeras elecciones judiciales de 2011 hubo una gran cantidad de electores que votaron nulo y blanco en rechazo al proceso, al considerarlo manipulado por la mayoría legislativa del MAS para elegir a magistrados afines al oficialismo.
Las de 2017 tuvieron resultados similares y estuvieron precedidas por un fallo del Constitucional que habilitó a Evo Morales a buscar un cuarto mandato consecutivo en los fallidos comicios generales de 2019, pese a que la Carta Magna limita a 2 los periodos presidenciales y a un referendo que en 2016 le negó la posibilidad de volver a postular.
Los comicios judiciales no han logrado resolver la crisis que arrastra la Justicia boliviana desde hace décadas, provocada por la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados.
Esto ha sido observado por organismos internacionales, mientras que un grupo de abogados independientes reúne firmas para concretar un referendo constitucional parcial que permita reformar la Justicia.