Opositores y el oficialismo endurecieron sus posturas frente a la situación que se ha generado tras la aprehensión de la expresidenta interina Jeanine Áñez y dos de sus exministros, con la advertencia de una huelga nacional y el anuncio de más detenciones.
Áñez pasó su primer día en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, donde permanecerá en detención preventiva por cuatro meses mientras se realiza la investigación por el caso denominado «golpe de Estado» a instancias del gubernamental Movimiento al Socialismo.
Representantes cívicos y de organizaciones ciudadanas se reunieron este martes en la sede del Comité Cívico Pro Santa Cruz en esa ciudad oriental para definir las acciones que realizarán en rechazo al encarcelamiento preventivo de las exautoridades interinas.
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, leyó una resolución del Movimiento Cívico Nacional, conformada por nueve comités cívicos, en la que advierten que irán a huelga y exigen la liberación inmediata de Áñez, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, exministros transitorios de Justicia y de Energía, respectivamente, y de los «perseguidos políticos».
También anunciaron que acudirán a los organismos internacionales para denunciar «la grave violación y atropello a los derechos humanos» para que se adopten medidas inmediatas para «proteger al pueblo boliviano».
Por su parte, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), una organización de pueblos indígenas afín al MAS, se declaró en estado de alerta tras el anuncio de los comités cívicos y las eventuales movilizaciones que se realicen.
De igual manera, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, el bastión de Evo Morales, se declararon en «estado de emergencia» porque consideran que las marchas ciudadanas pretenden «desestabilizar» el país.
El Tribunal Supremo de Justicia, sin hacer referencia al caso de Áñez, manifestó este martes en un comunicado su «compromiso por el respeto a los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales» y se ratifica en su plena «independencia judicial».
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin mencionar tampoco a Áñez ni a sus exministros, urgió al Estado boliviano a que se garanticen los derechos procesales.
La CIDH urge a «continuar velando» para que los detenidos cuenten con las «garantías legales mínimas», incluyendo la defensa de su presunción de inocencia, el conocimiento de los cargos que se les imputan y la posibilidad de refutarlos, según la nota.
Otras denuncias
Ante informaciones sobre que habría una citación a declarar en un proceso iniciado por el Gobierno contra el alcalde electo de La Paz, Iván Arias, el político aclaró que no ha sido notificado por la Fiscalía y consideró esta situación como «una persecución».
Arias, exministro transitorio de Obras Públicas de Áñez, reclamó que gobierne Luis Arce y no «otras fuerzas que lo único que quieren es hacer debilitar al Gobierno para adelantar las elecciones y para que se haga un revocatorio».
En ese sentido, el expresidente Carlos Mesa expresó su solidaridad y apoyo a Arias «frente al intento del Gobierno del MAS de iniciarle procesos judiciales amañados».
«La persecución se extiende ahora a las autoridades electas. Ante el abuso, debe imponerse la legalidad, la justicia y el derecho, como lo demanda el pueblo», dijo en su cuenta de Twitter.
En al menos cuatro de las principales ciudades del país hubo multitudinarias marchas este lunes en rechazo a las aprehensiones y contra la afirmación del MAS de que en 2019 se produjo un «golpe de Estado».
Para este miércoles están previstas nuevas manifestaciones a favor y en contra del proceso contra Áñez y otros exfuncionarios, en medio del silencio del presidente Luis Arce sobre este caso que los detractores aseguran fue promovido desde su Gobierno.
La polémica crece en Bolivia por el hecho de que a Áñez se le juzgue como exsenadora y no como expresidenta, lo que ha generado críticas contra el Estado sobre la manera cómo la Justicia y el Gobierno buscan procesarla desconociendo su calidad de exmandataria que daría paso a un juicio especial de responsabilidades.
Áñez y sus exministros transitorios están acusados de los delitos de «sedición, terrorismo y conspiración» en la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.