El deformado transitar de la justicia boliviana, subordinado a la también retorcida politiquería, ha desfigurado los altos principios del servicio a la ley, para dar paso a un sistema que va contra los fundamentos de la verdadera Justicia. Por ello ya a nadie sorprende el aluvión de desvaríos judiciales ni las aberraciones legales. Hoy el país ve con aversión la forma como opera el sistema judicial, escabullendo los delitos y problemas de fondo, para ocuparse de la epidermis de casos inauditos que merecerían ser esclarecidos. La trasparencia ha desaparecido para dar paso a una sistemática oclusión. Los escándalos en los que se ven vueltos miembros de régimen vigente desde 2006 son tapados, ignorados o desviados para lograr impunidad, y no es extraño que se persiga a los denunciantes, a los que revelan hechos punitivos o a quién se atreva a investigar y hurgar donde hay señales de podredumbre.
Una de las últimas impudicias que se conoció fue un audio atribuido al presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, -que renunció al cargo, pero se mantiene en el Consejo como vocal- en el que se revela los acuerdos políticos para distribución de cargos judiciales. Lamentablemente, el hecho parece que pasa a un plano intrascendente, y se prefiere dedicar esfuerzos para castigar a quienes grabaron la reunión política-judicial, a los que avisaron de su existencia o filtraron el contenido de la reunión, y a los medios de comunicación que difundieron el contenido revelador del manejo político de la justicia, y la forma como se ha subordinado el sistema al poder político. El magistrado metido en este enredo dice que no cometió delito, aunque reconoce que coordinó los nombramientos siguiendo «directrices» de la comisión presidida por el ministro de Justicia, Iván Lima.
A su vez, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que admite que sí toma parte en el nombramiento de jueces, pero que lo hace por «mandato» de la Ley 898, que creó esa instancia. «Según mandato de la Ley de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, del 6 de febrero de 2017, la comisión presidida por esta cartera de Estado tiene la función de exhortar la designación de las y los profesionales mejor calificados para ocupar cargos judiciales, además de fiscalizar las etapas de ingreso, evaluación de desempeño y capacitación de las y los jueces de todo el país», explica el comunicado. ¿Y en qué norma se basa esa ley para asignar funciones que son ajenas? ¿Esa comisión está por encima de la Constitución? ¿En qué queda la independencia del sistema judicial? ¿Una ley puede estar por encima de la Constitución Política del Estado (CPE)? ¿Podrá el gobierno explicar estas contradicciones? El Articulo 12 de la Constitución vigente dice «El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos… Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí».
Esto significa que la Ley de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia (898), del 6 de febrero de 2017, va en contra de la CPE, por lo tanto, es inconstitucional. Diversas personalidades de la política, así como constitucionalistas y jurisconsultos de prestigio se han pronunciado indignados por lo que ocurre, manifestando su preocupación por las constantes transgresiones a la legalidad, y por la resistencia del gobierno a hacer realidad un cambio de fondo en el sistema judicial. La presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), Grenny Bolling, manifestó que el audio del presidente de la Magistratura, Marvin Molina, quita credibilidad al Órgano Judicial y planteó que se investigue a los jueces involucrados e incluso suspenderlos.
Inclusive parlamentarios del oficialismo deploraron las acciones en el Consejo de la Magistratura (C.M.). El senador Rubén Gutiérrez (MAS) anunció que realizará una petición de informe escrito al Presidente del C.M. para que responda sobre la forma como se concedieron cargos judiciales. Asimismo, otros legisladores consideraron que la Fiscalía General del Estado debería investigar de oficio este caso. Inclusive, medios de comunicación publicaron una versión atribuida a la legisladora por el MAS Virginia Velasco que considera que «la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados inmediatamente ya debería iniciar un proceso contra el diputado Colque, por grabar esa reunión de forma planificada». Es decir, parecería que más importa quién grabó la sesión en la que se confirma la distribución de cargos para jueces, que las acciones mismas en las que se demuestra la injerencia del Ejecutivo y Legislativo sobre las atribuciones del Órgano Judicial. Algo va muy mal en el país, con una inversión de valores que permite defender y proteger al transgresor, perseguir al denunciante de irregularidades, ignorar los delitos y censurar la revelación de hechos dolosos. Sacrificar al mensajero de las noticias desagradables parece haberse convertido una fácil salida para lo que no se puede responder ni explicar. Algo de esto ocurre con quienes momentáneamente gozan del poder y sienten aversión a las noticias desagradables. Quisieran, metafóricamente, «matar al mensajero» y así pensar que las cosas no han ocurrido o que se arreglarán solas.