El ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos, renunció irrevocablemente a su cargo en medio de denuncias de supuestos cobros irregulares hechos desde esa cartera de Estado a empresas privadas para la adjudicación de obras, informó este sábado el Gobierno.
El presidente Luis Arce aceptó la renuncia oficializada por Santos en la víspera mediante una carta, anunció en una rueda de prensa la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Según Prada, Santos, que ejerció como ministro de Medio Ambiente y Agua desde noviembre de 2020, «va a asumir la defensa ante las investigaciones correspondientes que se encaren».
En su carta, el ahora exministro sostiene que no quiere «empañar» la gestión de Arce y considera que en su contra hubo un «ataque mediático de la derecha radical y enemigos internos».
«Para defenderme como persona natural, he tomado la firme decisión de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Medio Ambiente y Agua, reafirmando mi compromiso de seguir trabajando desde donde me encuentre en favor de los bolivianos como un soldado del proceso de cambio», agregó Santos.
En los últimos días se conocieron denuncias que implican a Santos y algunos de sus familiares en supuestos sobornos por unos 20 millones de bolivianos, equivalentes a unos 2,8 millones de dólares, recordó el Viceministerio de Comunicación en un comunicado de prensa.
Según la prensa local, los cobros se hicieron a firmas privadas que se adjudicaron proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y con ese dinero después se compraron inmuebles en las regiones de Tarija y Pando.
Dentro de este caso, una funcionaria del ministerio y un sobrino de Santos fueron detenidos en las últimas horas, explicó a los medios el viernes el fiscal departamental de La Paz, William Alave.
Según la denuncia recibida por el Ministerio Público, en las gestiones 2021 y 2022, la mujer compró cuatro inmuebles en Cobija, la capital de Pando, y el hombre adquirió cinco en Tarija, señaló el fiscal.
«No los han puesto a su nombre (los inmuebles), los han comprado al contado, no los han declarado ante la Contraloría, lo que nos hace presumir que ahí existe enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, lo que vamos a investigar», dijo Alave.