Cada vez es más preocupante la presencia del narcotráfico en nuestro país, y su penetración en algunas instituciones. Políticos, entidades de defensa de la democracia, intelectuales, analistas han efectuado duras críticas a la actual situación que, siendo de responsabilidad personal de quienes aparecen involucrados, no deja de enlodar la imagen del país por sus connotaciones internacionales. Las observaciones principales, y que traspasan el ámbito personal se dan desde la decisión del gobierno del MAS de aumentar los cultivos legales de coca de 12 mil a más de 22 mil hectáreas, hecho que directamente deriva en una constatación alarmante al establecerse que en realidad los cultivos se han extendido a más de 29 mil hectáreas de coca, y que solo una mínima parte va al uso legal, especialmente en el Chapare. A ello se suman los escándalos de autoridades involucradas en el tráfico de estupefacientes.
Los medios de comunicación en las últimas semanas han dedicado un importante espacio para informar y analizar esta situación, recogiendo tanto datos de investigaciones como opiniones y reproduciendo pronunciamientos. El hecho de que cuatro altos jefes policiales -tres de ellos excomandantes antidroga- estén acusados o procesados por narcotráfico demuestra que la base de protección institucional ha sido vulnerada, situación que significa un alto riesgo para la seguridad nacional. Entre las observaciones a la actual situación figura la necesidad de que deba realizarse una investigación profunda a las ramificaciones y alcances de la penetración, y que se apele a organizaciones internaciones como la ONU para que se pueda lograr esclarecer y purificar el sistema de seguridad. El hecho de que sean los encargados de luchar contra el narcotráfico los que se encuentren involucrado en situaciones ilícitas de esta naturaleza sobrepasa la capacidad de lo que podría hacer la propia policía para su depuración, ya que resulta afectada directamente y colocada en observación. Menos se puede confiar en el desprestigiado sistema judicial para afrontar una causa tan delicada. Para colmo de males, pese a los vínculos con el narcotráfico que se evidenciaron en las denuncias, la fiscalía encausó a los exjefes policiales vinculados a diferentes causas por delitos menores, al extremo que ahora los imputados deben responder por legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa y encubrimiento, y en algún caso, confabulación.
El Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) emitió un pronunciamiento planteando la necesidad de una investigación profunda de las denuncias de autoridades involucradas en narcotráfico, y deploró que el Legislativo haya aprobado leyes que promueven el cultivo de coca excedentaria. Asimismo, deplora que el Órgano Judicial a través de sus operadores, haya dejado en la impunidad a personeros del gobierno y militantes del MAS acusados de narcotráfico. Conade considera que los casos de cuatro exjefes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, como René Sanabria, Oscar Nina, Omar Rojas y Maximiliano Dávila, «ponen al descubierto que la actividad del narcotráfico ha penetrado al seno más profundo del Estado».
Sin duda hay una cuestión muy complicada por resolver que se inicia con los cultivos de coca, las autorizaciones para su comercialización, el uso de precursores, producción y tráfico. Existe información oficial que permite iniciar la investigación y hacer el seguimiento a la cadena de producción. El Monitoreo de Cultivos de Coca 2020, efectuado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, ofrece datos históricos de varios años. El último informe señala que los resultados del monitoreo para 2020 muestran un 15% de incremento de la superficie con cultivos de coca con respecto a 2019, estimándose una superficie de 29.400 hectáreas de cultivos de coca. El 62% de la superficie cultivada con coca se cuantificó en la región de los Yungas de La Paz, el 36% en el Trópico de Cochabamba y el 2% en el Norte de La Paz. En comparación con 2019, las tres regiones mostraron un incremento de 12%, 21% y 9% respectivamente. La superficie de imágenes de satélite adquirida para este monitoreo fue de 22.088 Km2 un 40% más que en 2019, se requirieron 6.322 Km2 adicionales para explorar nuevas zonas y verificar la presencia y/o expansión de cultivos de coca. En estas nuevas áreas se identificaron alrededor de 606 hectáreas cultivadas con coca, confirmando que la mayor parte de la superficie cultivada en 2020 se halla en áreas que la UNODC monitorea regularmente, de acuerdo al estudio.
Otro informe publicado este fin de semana revela también datos importantes. Según el Grupo Comunidad, Acción y Libertad (CALI), la producción de coca se disparó en el Chapare a partir de la vigencia de la Ley 906 General de la Coca. Esa norma, promulgada en marzo de 2017, permitió aumentar la extensión de las zonas autorizadas para el cultivo de coca, de 12.000 hectáreas (ha) a 22.000, a nivel nacional (14.300 ha para los Yungas de La Paz, y se estableció 7.700 para el trópico de Cochabamba). La ley provocó la ruptura entre los productores de los Yungas y del Chapare. Afiliados a ADEPCOCA, los productores paceños iniciaron movilizaciones por considerar que el gobierno favorece la producción del Chapare. Los dirigentes cocaleros de los Yungas fueron perseguidos y apresados y sus movilizaciones reprimidas.