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domingo, junio 20, 2021
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El país necesita seguridad jurídica

Nuestro país sufre las consecuencias de una gran calamidad como es la pandemia del coronavirus, que ha dislocado la normalidad y destruido la economía, pero cuenta con recursos naturales y algunas potencialidades que surgen de la misma situación de crisis actual que, bien administrados, puede ser la base de un efectivo desarrollo. Para ello son imprescindibles varias condiciones, entre ellas la comprensión de que solamente con un trabajo de calidad integral y excelencia se podrá enfrentar los desafíos del momento en un ambiente de seguridad.

Asimismo, es necesario asumir que un efectivo progreso requiere desarrollar los recursos naturales, aprovechando las potencialidades y logrando la industrialización del país, para lo cual se requiere, además de calidad profesional, y atracción de grandes capitales, así como el empleo de tecnología de punta, que también requiere fuertes inversiones. Ya un estudio realizado en 2010 proponía pensar en la exploración como base para las futuras políticas. Lamentablemente se prefirió mantener las políticas extractivas casi hasta su agotamiento. Es el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que en ese momento ya requería una inversión de $us 40 mil 670 millones hasta 2025, para exploración y desarrollo de nuevos campos. Desgraciadamente se prefirió sobreexplotar los campos existentes hasta llegar a la situación actual en la que se produce poco y apenas se puede cumplir las obligaciones por contratos de exportación de gas natural.

Más delicado es el sector de la minería en el que nada se hizo ni para modernizar la explotación y menos para explorar nuevas posibilidades. Fracasó el proyecto Mutún que en 14 años solamente sirvió como proyecto electoral. Fracasó la producción de litio con acciones demagógicas que demandaron millonarias inversiones sin resultado positivo alguno.

En el sector industrial se hicieron algunos intentos, desgraciadamente mal planificados que hoy están paralizados. El sector privado logró importantes avances aumentando la producción agroindustrial que tuvo que vencer muchas barreras que impedían la libre exportación, y que hoy todavía subsisten. También mejoraron los servicios y la generación de electricidad, y en telecomunicaciones Bolivia es uno de los países más rezagados pese a que la gran mayoría de los bolivianos ya cuenta con un celular y necesita internet, que es el más lento de la región. Mejorar todos estos servicios y encontrar inversionistas no es tarea simple, pese a que existen capitales dispuestos a efectuar inversiones.

Pero, ¿dónde se encontrará el dinero disponible, quien aportará la tecnología, y el personal especializado? La respuesta solamente encuentra un camino y es apelar a inversiones extranjeras de las vilipendiadas transnacionales que son las que, además, poseen la tecnología. Pero para ello, es necesario crear condiciones que sean atractivas. Bolivia tiene recursos naturales para desarrollar, no solamente en el campo de los hidrocarburos, sino en minería, en el sector agropecuario, el litio, el hierro y otros recursos estratégicos. Pero la imagen del país va contra la corriente. Se vuelve a mostrar hostilidad al capital privado, se amenaza con prohibir las exportaciones, se aprobó una ley con impuestos a los «ricos», y otras determinaciones que desalientan a la iniciativa privada.

A ello se suma la absoluta inseguridad jurídica, con un sistema judicial que muestra sus males endémicos, sin posibilidad a remisión. La inseguridad legal impide contar con la certeza de que serán respetados los capitales. Las normas que subsisten promoviendo la toma de factorías son desalentadoras, y las condiciones sociales y políticas adversas dejan mayor sensación de inseguridad.

Por estos factores Bolivia ocupa lugares menos favorables en los rankings de clima para hacer negocios y casi siempre aparece en los últimos lugares en América Latina. Los estudios que realizan varias instituciones internacionales, evalúan las normas y reglamentarios que se imponen en cada país a las pequeñas y medias empresas; el acceso a créditos y las facilidades para pagar sus impuestos, así como las garantías que tienen los empresarios para operar, y naturalmente pesan las restricciones impuestas a las exportaciones, importaciones; nacionalizaciones, inseguridad jurídica y hasta las condiciones laborales.

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