Un proceso democrático se caracteriza por la libertad y respeto a las opiniones, al derecho a expresar ideas, aunque sean diferentes, y a que se respete la discrepancia. Pero una cosa es el enriquecimiento de opciones por el aporte de ideas y otra que las autoridades entren en contradicciones o públicas discrepancias, ya que la jerarquía de la autoridad se demuestra por decisiones meditadas, acordadas y definidas después de un análisis serio. Es decir, bajo un concepto de responsabilidad. Lamentablemente muchas veces el ejercicio del poder obnubila y conduce a indiscreciones, expresiones precipitadas y hasta a acciones que pueden desencadenar conflictos, o por lo menos mostrar que algo ocurre que impide actuar en una línea clara, objetivos concretos y caminos previamente definidos.
Circunstancias no previstas como la pandemia COVID-19 obligaron a que el actual gobierno asuma responsabilidades importantes más allá del mandato específico que la sucesión presidencial había señalado, viéndose obligado a enfrentar una situación crítica sin contar con los medios necesarios y poniéndose en evidencia la magnitud de la pobreza en el sistema de salud nacional.
El gobierno asumió la delicada decisión de declarar emergencia sanitaria nacional, determinar una cuarentena restringiendo la libertad de locomoción, a la vez que se hizo cerrar los aeropuertos y resguardar las fronteras para evitar el ingreso de viajeros, para lo cual decidió movilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía.
Las duras determinaciones y restricciones para la población fueron acatadas por la mayoría de la ciudadanía, pero se han dado situaciones especiales de algunas regiones, barrios y puntos fronterizos donde no se ha podido hacer cumplir las disposiciones.
Una observación del ministro de Defensa Luis Fernando López, señalando que en Santa Cruz los días transcurren como si fuesen normales debido a permisos de circulación, generó reacciones de las autoridades departamentales. El ministro dijo que era una vergüenza lo que sucede en esa región del país, que acumula la mayor cantidad de casos y muertes por coronavirus. Sostuvo que sus autoridades se «aplazaron» al permitir que la gente siga en las calles.
Desde la Gobernación y la Alcaldía le respondieron que hacer cumplir las restricciones es responsabilidad del gobierno nacional y sino que se dicte estado de excepción. El ministro tuvo que explicar que no tuvo la intención de criticar al pueblo cruceño, pidió disculpas por decir que Santa Cruz es el peor ejemplo de cuarentena para Bolivia. Las autoridades regionales unilateralmente determinaron que se militarice la región para hacer cumplir las restricciones y el gobierno acompañó la decisión. Ya ocurrió antes con Oruro, donde mientras el gobierno sostenía que no era necesario cerrar las fronteras, las autoridades de ese departamento suspendieron las labores escolares y declararon la cuarentena. Inicialmente autoridades del gobierno deploraron la decisión de ese departamento. Como esos casos ha habido otros que demostraron incoherencias, falta de coordinación y apego a una sola línea de acción en una situación tan delicada como la que vive el país.
Cuando se nota debilidad y dudas, se resquebraja el principio de autoridad. Es necesario entender que la legitimidad refuerza este principio, comprender que la legitimidad refuerza el concepto de autoridad, que tiene su mayor fortaleza en el marco legal, que es, a su vez, el sustento para ejercer esta potestad que representa el reconocimiento de los ciudadanos al mandato de las personas a las designó para que cumplan una determinada responsabilidad funcionaria. En esa línea, la autoridad se constituye en facultad y legitimidad para mandar u ordenar. La autoridad, por otra parte, supone también el prestigio y credibilidad que se reconoce en una persona o institución, en razón de su legitimidad, calidad o competencia. A ello debe exigirse, responsabilidad para ejercer esa autoridad con probidad en el marco de las normas legales.