La Fiscalía amplió la acusación por terrorismo contra el gobernador opositor Luis Fernando Camacho, detenido por la crisis en 2019, a los tipos penales de «cohecho activo» y «seducción de tropas», informó este viernes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
En declaraciones a los medios, el titular de la cartera de Gobierno, que es parte acusadora en el caso «golpe de Estado I» contra Camacho, confirmó que «se ha ampliado la investigación» y que ahora correspondería indagar a «otros sujetos» en ese proceso.
Los cargos por cohecho activo y seducción de tropas se basan en una declaración de Camacho, en 2019, en la que asevera que su padre José Luis Camacho Parada «cerró» un acuerdo con militares y policías para que «no salgan» a contrarrestar las protestas contra el Gobierno del entonces presidente Evo Morales.
A esto se suma una reciente acusación del Ministro de Gobierno que en una rueda de prensa aseveró que el excomandante de la Fuerza Aérea (FAB) Jorge Gonzalo Terceros recibió transferencias de dinero de parte del gobernador Camacho.
Del Castillo mencionó que también «se tiene que investigar a quienes recibieron este dinero» y que esta acción debiera efectuarse «mínimamente» a Terceros, quien fue comandante de la FAB en tiempos de la crisis política boliviana.
El ministro aseveró que la Fiscalía ya ha solicitado un informe a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y que de ello depende que se sepa a quienes más se aplicará el proceso judicial.
Del Castillo dijo que estas acciones se realizan «con la única finalidad de que el pueblo boliviano realmente sepa lo que aconteció y sucedió en la gestión 2019».
El caso «golpe de Estado I» nace de una denuncia que presentó a fines de 2020 una exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) por las protestas que en 2019 derivaron en la renuncia del entonces mandatario Morales.
Para el oficialismo esas manifestaciones formaron parte de un «golpe de Estado» mientras que para la oposición fueron una reacción de la población ante un fraude electoral en las frustradas elecciones nacionales de 2019.
Camacho, que es gobernador de Santa Cruz, fue arrestado por la Policía el 28 de diciembre y luego trasladado a La Paz en un cuestionado operativo.
Dos días después, un juez le impuso cuatro meses de detención preventiva que cumple en un penal de máxima seguridad situado a 35 kilómetros de La Paz, a casi 4.000 metros de altitud en pleno altiplano del país.
El arresto y el encarcelamiento de Camacho han provocado varias protestas en Santa Cruz con enfrentamientos entre sus partidarios que piden su libertad y la Policía, en sucesos en los que ha habido destrozos a varias instituciones públicas.
Asimismo, los abogados del gobernador cruceño han denunciado vulneraciones y trabas durante el proceso de investigación y han alertado sobre la posibilidad que más adelante se apliquen más detenciones contra otros líderes regionales.