La situación del país es cada vez más tensa y algunos sectores de violenta naturaleza parecen buscar la confrontación. El gobierno no supo medir las consecuencias y cedió a la presión de un ala radical del MAS para utilizar a la justicia como brazo represor, pese a que las reacciones enérgicas eran previsibles, no solamente en la población sino en la comunidad internacional. Desgraciadamente pudo más el odio, la venganza y la sinrazón que se impusieron sobre el llamado a la reconciliación que hizo el presidente Luis Arce al asumir el gobierno.
Desatada la persecución y apresamientos utilizando a los fiscales designados por el MAS, una ola de desaprobación se apoderó del país y traspasó las fronteras motivando en diversas partes del mundo pronunciamientos de preocupación por lo que ocurre en Bolivia. Pero ésta justificada preocupación parece que no les llega a todos con la misma urgencia, a pesar de que las consecuencias pueden ser lamentables. Mientras las animosidades crecen y se eleva el tono de las protestas y amenazas, son muchas e importantes las voces que llaman a la reflexión y a buscar la solución de los litigios mediante el debido proceso.
Los comités cívicos del país, en una reunión efectuada en Santa Cruz, advirtieron que no se va a tolerar más persecución, y exigieron la liberación de todos los presos políticos y advirtieron que, si hay más aprehendidos por el caso del «supuesto golpe de Estado», se iniciará un paro cívico nacional. Luego de las aprensiones de la expresidenta Jeanine Áñez, de sus ex ministros y exjefes policiales y militares, los cívicos determinaron una serie de acuerdos de unidad. Entre las conclusiones acordadas, se determinó, además de exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos, no permitir más apresamientos ilegales y exigir amnistía para todas las autoridades, cívicos, y militares. Se decidió apoyar a los médicos que luchan contra la Ley de Emergencia Sanitaria y denunciar ante organismos internacionales la grave violación y atropello de derechos humanos. Finalmente se determinó pedir a organismos internacionales que se conforme una comisión internacional que investigue los hechos de corrupción del Gobierno y de anteriores gestiones, además de las vulneraciones a los derechos humanos.
Como respuesta, grupos afines al MAS se movilizaron y efectuaron advertencias que agitan más el ambiente. Varios sectores se pronunciaron, entre ellas la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se declaró en apronte y anunció movilizaciones permanentes, argumentando que las marchas en ciudades capitales pretenden «desestabilizar» la gestión del presidente Luis Arce. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) advirtió con asumir «acciones ante cualquier amenaza o agresión al Gobierno democráticamente elegido».
Pero no todos son llamados al enfrentamiento. Hay voces que buscan la armonía. El senador del MAS por La Paz, Félix Ajpi, según una publicación de prensa, reconoció que dentro de su partido existen personas radicales que buscan la confrontación, sin embargo, dijo que no está de acuerdo con aquello y llamó a la tranquilidad dentro de sus propias filas. Indicó que siempre hubo radicales en el MAS y mencionó como ejemplo a Juan Ramón Quintana y Héctor Arce Zaconeta. «Entonces parece que están aquí de nuevo y queriendo conflictuarnos, nosotros no estamos de acuerdo», dijo. Anunció que se pedirá a los sectores radicales que se tranquilicen, porque el compromiso de los legisladores en la época de campaña era la pacificación.
No es la única voz, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, y varios países, han hecho llamados a que en Bolivia se logre solucionar la actual situación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a que se respeten las garantías de las personas procesadas, expresó su preocupación por denuncias de falta de independencia judicial y llamó a que se establezca un proceso de reconciliación. Human Rights Watch, la institución defensora de los derechos humanos, considera que la actual situación ha sido motivada por cuestiones políticas, dijo que se guarda la fachada de un procedimiento judicial, pero en los hechos no hay evidencia que comprometa a estas exautoridades en los delitos de los que las acusa. Dijo que se debe respetar el debido proceso porque «ya no estamos en tiempos de la inquisición».