Los diferentes factores que ofrecen seguridad, garantías, facilidades o dificultades y problemas, para emprender proyectos son los que determinan el costo país, que se constituye en un agente determinante para la competitividad en la variada gama de actividades que se ven impulsadas o perjudicadas por diversos elementos que intervienen en el movimiento económico, así como en actividades sociales y hasta culturales. A mayores facilidades para el desarrollo de un proyecto, los costos disminuyen, y contrariamente, se encarece todo cuando las trabas y dificultades hacen que se eleven los costos generales. Son muchos los factores que intervienen en estos costos, entre ellos las garantías para los capitales y el respeto a la propiedad privada.
Lamentablemente en nuestro país hay factores adversos, a los que se suman desatinadas políticas que atentan contra los bienes privados. Hubo varios intentos por afectar el derecho propietario que felizmente no prosperaron, pero quedaron otras medidas de riesgo. Ahora mismo, está en curso de aprobación una norma «incongruente». La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó preocupación porque en el Legislativo se analiza un proyecto de ley que «exime de responsabilidad» a los sindicalistas y obreros que tomen «pacíficamente» las empresas en medio de un conflicto laboral. El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, pretende introducir excepciones a la tipificación de los delitos de «sabotaje y atentados contra la libertad de trabajo» incluidos en el Código Penal. Además, existen muchos otros factores adversos para la libre iniciativa y el desarrollo empresarial.
Es necesario comprender que la imagen internacional de un país tiene un exponente que es el costo país, en cuya medición se toman en cuenta el estado de las carreteras, las condiciones de los sistemas de comunicaciones; la proximidad de los centros de producción de los mercados, la disponibilidad de recursos naturales, el grado de industrialización, los recursos humanos y hasta los estímulos para actividades diversas. En Bolivia, para nadie es un secreto, el sistema de carreteras es precario, se puede afirmar que se está comenzando a vertebrar el país y apenas se están dando pasos para contar con carreteras de doble vía. El transporte ferroviario ha sido desmantelado; el sistema de telecomunicaciones es uno de los más caros de la región, y el internet es lento y costoso. Los accesos al Pacífico y al Atlántico son dificultosos por el enclaustramiento que padece Bolivia, lo que encarece el acceso a los grandes mercados. En ese panorama el país tiene muchas dificultades para producir, pese a que en nuestro territorio se dispone de materias primas estratégicas y las de mayor demanda, que lamentablemente hasta ahora no han podido ser industrializadas, precisamente por factores de seguridad y factibilidad.
La iniciativa privada ha logrado algún grado de eficiencia, acomodándose a las circunstancias, lo que permite competir frente a otros países mejor dotados de medios y estructuras integrales, pero todos estos esfuerzos chocan con problemas internos. Los paros, huelgas y bloqueos de carreteras ocasionan pérdidas que hace difícil cuantificar. Los transportistas se quejan de perder medio millón de dólares al día durante los bloqueos. La falta de seriedad en el cumplimiento de compromisos en las exportaciones es otro grave problema que enfrentan los productores nacionales que se ven impedidos de honrar compromisos por el bloqueo de las principales vías. En esas condiciones es muy difícil competir. Peor aún, en un Estado de amenaza hacia los capitales, con normas que inducen a tomar las factorías y proclamar la impunidad para quienes dirijan la ocupación de empresas o practiquen el sabotaje industrial, significa que se pone un candado a las inversiones honestas y eficientes.