El desprestigio de la justicia en el país es cada vez mayor y está impulsando su precipitación a los más profundos abismos contrarios a la ética. Pero el oficialismo parece muy contento con lo que ocurre y prefiere que se mantenga este estado de descontrol, sosteniendo un sistema que se aparta cada vez más de la independencia de poderes y de la autonomía judicial. Esta línea parece confirmarse con la decisión de la Asamblea Legislativa de emplear a fondo sus dos tercios de votos para designar al nuevo Fiscal General del Estado, el ex funcionario del gobierno Fausto Juan Lanchipa Ponce.
Recordemos que Lanchipa fue designado directamente le ano 2010 por el presidente Evo Morales como magistrado llegando a ser elegido Presidente del más alto Tribunal Constitucional. Renunció al cargo para habilitarse en las elecciones judiciales de 2011, pero no obtuvo los votos necesarios, y nuevamente fue designado por el primer mandatario para dirigir Diremar, la institución encargada de la política boliviana de reivindicación marítima, lo que demuestra su grado de relación con el gobierno.
Llega al cargo en momentos en los que la justica ha tocado fondo y las actuaciones de jueces, fiscales y la policía se encuentran bajo el dedo acusador por incumplir su naturaleza institucional y funciones. Pese a que los más altos funcionarios del gobierno en reiteradas oportunidades reconocieron la descomposición del sistema judicial, y anunciaron cambios, hoy aparecen como defensores de conductas y causas indefendibles, al extremo de argumentar que las deficiencias del sistema judicial son las mismas de hace décadas.
La prensa publicó declaraciones del presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, quien atribuyó los males de la justicia a la insuficiencia de jueces frente a la carga procesal, además de que la mayoría de estos funcionarios no son de carrera. Informó a la prensa que existen mil jueces a nivel nacional, de los que solamente 160 han sido institucionalizados, los demás tiene carácter transitorio. Anunció que para esta gestión se ha convocado a postulaciones para jueces de carrera, que serán designados por méritos. Alcón reconoció que los jueces interinos, por su condición de «eventuales o transitorios» no manifiestan una actitud positiva, salvo excepciones.
En estos momentos, dados los antecedentes de lazos entre el Ejecutivo y el nuevo Fiscal General del Estado, se hace difícil esperar independencia, ecuanimidad y equidad, quedando el riesgo de que se acentúe la mala imagen que ha adquirido el Ministerio Público. Naturalmente que siempre queda la esperanza de rectificaciones que motivan a esperar un cambio de actitudes.