Juan Evo Morales Ayma transgredió un principio básico de las relaciones exteriores de un Estado, aquel que dice: «nunca afirmar ni negar nada si no es compatible con los intereses del país».
Refiriéndose al conflicto por el Silala había proclamado que: «el agua es un derecho humano», admitiendo uno de los argumentos básicos de la demanda chilena.
Y, efectivamente, existe una Resolución que aprobó la ONU a petición de Bolivia el año 2010, por la cual se considera como un derecho humano básico el acceso al agua potable.
Pero, en La Haya no se dirime un derecho humano al agua, sino el derecho propietario de Bolivia.
Con esa declaración, más su «acuerdo» de los trece puntos con Chile, en el que cedió la propiedad del 50% de las aguas del Silala, Evo Morales enervó el fundamento de la argumentación boliviana que el Silala es propio de Bolivia y no un río de curso internacional, y que, si el agua es un derecho humano, Chile debe pagar por su uso.
Luego, Morales Ayma pidió al Gobierno de Chile resolver vía diplomática el conflicto, debilitando aún más la posición del país ante la opinión de los jueces de la Corte Internacional de Justicia.
Debido a la ineptitud, ignorancia en Derecho Internacional Privado y Público de la Cancillería masista, a cuya «cabeza» estaba David Choquehuanca Céspedes, no se presentó una Contra demanda ante la CIJ sino una simple Contra memoria. Luego, la Cancillería se limitó a dejar que el juicio prosiga, su actitud se interpretó como que dio la razón al demandante; es decir, aceptando la tesis chilena.
En la demanda, Chile afirma que el Silala es un río internacional. En Bolivia nadie sabe cuál fue la respuesta de la Cancillería por la reserva de la información sobre el tema que oculto el MAS.
¿Por qué se asumió una posición omisiva si los derechos históricos, jurídicos, geográficos, hidrográficos y jurídicos respaldan a Bolivia? Al asumir una posición perdedora desde el principio, Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera, David Choquehuanca Céspedes, Eduardo Rodríguez Veltzé, y todo el gabinete mostraron una inaudita debilidad argumental y cesión de voluntad en favor de Chile.
La naturaleza técnico jurídica de una Contra demanda no es la misma que la de una Defensa; incluso, por la percepción inicial que de la demanda adquieren los jueces.
Una contra demanda, posibilita presentarse como parte acusadora. Servía para explicar que Chile no tiene la razón en lo que afirma y, por el contrario, se presenta otra versión de los hechos. Al tener los argumentos y las pruebas necesarias se imponía una permanente contraofensiva.
La defensa de los derechos nacionales no se puede ceder. Si Bolivia decidió no contrademandar a Chile es una señal de que ha considerado que la posición de Chile es sólida y muy difícil de rebatir, dándole tácitamente la razón.
Es urgente que la oposición política representada en el Parlamento, interpele a la Canciller para que dé explicaciones de inmediato sobre el proceso en La Haya, aun sea en sesión reservada. Y, luego recomendar comportamientos racionales, sensatos y oportunos a la presidente Añez, para que la justicia nacional se encargue de juzgar a quienes «traicionaron a la Patria».
El país tiene derecho a saber sobre los actuados en favor de los intereses nacionales, antes de que se deprede una vez más nuestra soberanía por la indefensión e irresponsabilidad de los servidores públicos masistas.