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miércoles, julio 28, 2021
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El tráfico de tierras

Las ocupaciones arbitrarias, las quemas de bosques, los asentamientos ilegales, y la titulación irregular son parte del tráfico de tierras, en una cadena de hechos que constituyen un coctel compuesto de varios factores conflictivos que pueden tener derivaciones de graves consecuencias. Esta es una de las mayores preocupaciones de gran parte de las organizaciones que tienen que ver con la propiedad, la tierra y con la defensa de las áreas protegidas. Ya algunas instituciones anunciaron desarrollar acciones legales contra los responsables de las irregularidades en la concesión de tierras y contra los promotores de las quemas.

Algo se está haciendo muy mal para que se produzca esta situación que se agrava por la falta de soluciones. Ha habido varias reuniones en busca de acuerdos, pero siempre falta algo o alguien en una actitud que parece dirigida a empantanar las mejores intenciones. La Fundación Tierra cuestionó al Instituto Nacional de Reforma Agraria por la falta de transparencia sobre la distribución, dotación, saneamiento y titulación de tierras en Santa Cruz y lo responsabiliza de los conflictos emergentes en ese departamento, principalmente por el problema del tráfico de tierras.

Informes de prensa dan cuenta que el director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, lamentó que no estén funcionando las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD) y de la Comisión Agraria Nacional (CAN), instancias que están previstas en la Ley 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para resolver los cuestionamientos. Explicó que estas entidades se han creado con el espíritu de generar espacios de diálogo y concertación entre el sector público y privado, además de otras organizaciones, sobre las grandes políticas agrarias, además de ejercer control social, transparentar la información, entre otras atribuciones.

Explicó que el gobernador, que es la máxima autoridad departamental y el INRA, tienen la facultad de convocar a las sesiones. La CAD y la CAN también son el espacio en el que se puede hacer conocer conflictos sobre la tierra. En la última reunión existía el quórum necesario para que funcione la CAD, pero la ausencia del director departamental del INRA provocó que la sesión no se pueda instalar oficialmente. De todas maneras, esa reunión designó tres comisiones encargadas de temas específicos. La primera se encargará de la defensa de la tierra y hará una auditoría sobre todos los avasallamientos y tráfico de tierras. La segunda, de Justicia, realizará los estudios y análisis correspondientes para determinar las acciones legales, civiles o administrativas que se iniciarán al director del INRA por faltar al cumplimiento de sus deberes, además de ejecutar las medidas hasta que funcione legalmente la Comisión Agraria Departamental. La tercera comisión se encargará de denunciar internacionalmente los avasallamientos y el tráfico de tierras que existen en el departamento por parte del Gobierno nacional. El objetivo central es la defensa de la tierra para lo cual es imprescindible el funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental. Existe unidad de las organizaciones sociales para lograr que funcione la CAD y adopte las medidas necesarias. La disputa por la tierra tiene diversos orígenes, pero fundamentalmente tiene que ver con ocupaciones arbitrarias de predios tanto privados como fiscales, por una parte, y por otra la concesión irregular de tierras. La falta de transparencia hace que se haya generado dudas, ya que aparecen títulos a comunidades que no existen.

El saneamiento de la propiedad agraria ha incluido a tierras fiscales, habiéndose dado autorizaciones de asentamientos en estos nuevos espacios fiscales. Pero resulta que se trata de tierras que no debían ser incluidas como de vocación agrícola por estar en áreas forestales. Por otra parte, en algunos sectores se trata de tierras de las comunidades originarias que no fueron incluidas en la dotación y donde se autorizaron otros asentamientos. Por otra parte, se supone que esos asentamientos cumplieron los requisitos de que la gente beneficiada vaya a ocupar esos predios, pero cuando se llega a las zonas, no hay nadie. Se presume que son tierras que en algún momento serán vendidas. Lo peor es que, de acuerdo a informes del INRA, ya se han «saneado» 31 millones de hectáreas en Santa Cruz y tienen derecho propietario.

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