Los médicos y los trabajadores del sistema de salud pública afiliados a Sirmes, incluyendo la Caja Nacional, anunciaron que paralizarán actividades en forma indefinida a partir de este lunes. Los intentos por encontrar alguna solución fracasaron, el diálogo fue infructuoso. Según la dirigencia y representantes del sector salud, pocos son los centros médicos donde existen condiciones óptimas de instalaciones, equipos, instrumental y medicamentos que garanticen la salud y la vida de los pacientes.
Los médicos, que desde hace mucho tiempo muestran una posición radical irreconciliable con el Gobierno-, enviaron al Ministerio de Salud una demanda de cinco planteamientos concretos para levantar el paro. Entre sus pedidos figura la institucionalización de los cargos, inclusión de los afiliados al Sirmes a la Ley General del Trabajo, abrogación de la Ley 1189, referida a la Caja Nacional de Salud, mejoramiento pronto de las condiciones laborales y de atención en los servicios de salud; participación de los médicos en la redacción final de ley del cáncer, e indemnización a los familiares del doctor Gustavo Vidales, fallecido por el arenavirus, contraído en función de trabajo. La ministra Gabriela Montaño dijo que estos puntos ya fueron respondidos el 5 de agosto, por lo que instó a los galenos a volver al diálogo. Para el Colegio Médico, las respuestas del Ministerio de Salud a los cinco puntos planteados son «insatisfactorias», por lo que piden que reconsidere y vuelva a responder por escrito las demandas del sector.
Sin desmerecer todos los pedidos del sector de salud, el problema medular parece ser Ley 1189. Recordemos que el Gobierno anuncio que para mejorar los hospitales se tiene previsto invertir dos mil millones de dólares y $us 235 millones para la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) en el primer año. Pero los médicos temen que en presuntamente el dinero salga de los aportes acumulados por los trabajadores.
El abogado, consultor y docente universitario, exministro del Gobierno de Jaime Paz Zamora (MIR), Carlos Böhrt Irahola, quién entre otros aportes, recuerda que al 31 de diciembre de 2018, la CNS contaba con 3.783.646 afiliados, en tanto que su capacidad de atención alcanzaría para satisfacer la demanda de no mucho más de un millón de personas.
Según Börth este desfase explica las largas colas y prolongados turnos, que los asegurados se ven obligados a realizar para acceder a los beneficios del seguro. Como respuesta a esa situación el Gobierno elaboró la Ley 1189 de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud, que dio paso al programa del Gobierno para la construcción de 67 nuevos establecimientos de salud, con una inversión de alrededor de 4.300 millones de bolivianos, cifra tentativa, dado que la CNS carece de proyectos a diseño final para la implementación de su plan. Y no es que la CNS enfrente restricciones financieras, sino todo lo contrario, como lo demuestran sus balances anuales: al cierre de la gestión 2018, la Caja registró 6.376 millones de bolivianos (Seis mil trescientos setenta y seis millones) como saldo en sus cuentas bancarias. Este dato pone en evidencia que el origen de la penosa situación imperante, ante todo, radica en la baja calidad gerencial y administrativa de la entidad.
Böhrt explica que el artículo 6, en su parágrafo II de la Ley, le autoriza a la CNS a invertir sus recursos en «instrumentos financieros nacionales de oferta pública»; es decir, títulos y bonos del TGN y del Banco Central, hasta el 30% de los saldos en caja y bancos. Dicho de otro modo, gracias a la Ley 1189 el Estado podrá meter mano a unos 2.000 millones de bolivianos de propiedad de los afiliados a la CNS.
En suma -dice Böhrt- queda claro que la Ley 1189 no fue concebida y aprobada buscando solucionar las severas limitaciones de la CNS, sino que, por el contrario, se aprovecha de las decisiones adoptadas al interior de la entidad un año antes para utilizar los recursos trabajosamente acumulados por sus más de 3,7 millones de afiliados. Y, de paso, abren la puerta ancha de la corrupción al autorizar las contrataciones «llave en mano». Y todo ello con complicidad de los dirigentes de la COB, quienes, sin ningún encuadre administrativo, son mencionados como parte de las «labores de fiscalización».