El Tribunal Constitucional Plurinacional informó este jueves que el delito de sedición «queda expulsado del ordenamiento jurídico boliviano» y que a partir del fallo nadie puede ser procesado bajo esa tipificación.
El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Paul Franco, expresó a los medios que esta decisión emerge de una acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por anteriores parlamentarios oficialistas del Movimiento al Socialismo (MAS).
«Se ha procedido a la declaratoria de inconstitucionalidad del delito de sedición, por tanto, a partir de la notificación de la sentencia aludida, el delito de sedición queda expulsado del ordenamiento jurídico boliviano», manifestó Franco.
Agregó que ahora «nadie puede ser procesado o perseguido» por este delito.
De la misma manera aclaró que se declaró «improcedente» la acción interpuesta por el delito de terrorismo, ya que esa demanda estaba basada en una normativa que ya fue modificada y que ese tribunal se pronuncia por «leyes vigentes».
En 2020 un grupo de entonces parlamentarios oficialistas presentó ante el Constitucional una acción para que se elimine los delitos de sedición y terrorismo, ante una denuncia del Gobierno interino de Jeanine Áñez contra el expresidente Evo Morales bajo esas acusaciones.
La denuncia, presentada en 2019 por el entonces ministro interino de Gobierno Arturo Murillo, fue por un video que se hizo viral en el que una voz atribuida al exmandatario incitaba a bloqueos para impedir el ingreso de alimentos a las ciudades tras su renuncia a la Presidencia en medio de la crisis postelectoral.
La expresidenta interina Áñez, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace más de un año en una cárcel en La Paz, también es acusada de «sedición, terrorismo y conspiración» en el marco del caso conocido como «golpe de Estado I» por la crisis política y social de 2019.
El año pasado el comité de la ONU contra la Tortura (CAT) expresó su preocupación por la manera que se han aplicado en el país los delitos de sedición y terrorismo.
De la misma forma el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que indagó la crisis de 2019 en Bolivia observó el uso frecuente de ambos delitos para la persecución penal.