El pueblo boliviano se ha acostumbrado a vivir en medio de conflictos de diversa naturaleza, unas veces privados, otras que involucran a la comunidad y las más de las veces por cuestiones políticas y sociales; demandas de mejoras económicas, protestas por deficiencias o salud, educación; conflictos de linderos entre comunidades, reclamos por justicia, violaciones a los derechos ciudadanos y transgresiones a las leyes, entre otros motivos de disputa, que mantienen un ambiente de tensión e incertidumbre, porque las soluciones tardan en llegar a nunca se logran.
En este momento son muchos los problemas pendientes de solución, disimulados por el resultado de las elecciones que alegró a unos y desconcertó a otros, según su óptica política. El nuevo gobierno tendrá que tomar decisiones sin mucha demora para encontrar soluciones, y el mejor camino es, sin duda, el diálogo. Es una realidad que los conflictos han sido y son una constante en la vida nacional. Pero desde la recuperación de la democracia, la sociedad en su conjunto ha encontrado mecanismos de atenuación, que han hecho posible la convivencia. Se había logrado importantes avances para llegar a acuerdos, comprendiendo que el consenso no siempre es posible, pero que se puede obtener logros parciales como un poco de comprensión.
La tolerancia a las ideas de los demás, el respeto a las diferencias y la inclusión a los puntos de vista distintos, han hecho posible construir el proceso democrático en los primeros 20 años de gobiernos civiles. Lamentablemente, todos esos valores que contribuyeron a esa convivencia comenzaron a desaparecer desde 2006, con la incitación a la confrontación ideológica, política, regional y de clases. Desde ese momento se ha debilitado la capacidad de dialogar que hizo posible encontrar soluciones y acuerdos en situaciones altamente comprometidas. Los mecanismos que fueron eficaces a finales del siglo pasado, han quedado marginados. Los organismos facilitadores del diálogo fueron descalificados. La Iglesia Católica, que fue un referente para buscar el entendimiento hasta en las situaciones más tensas, ha sido conminada a encerrarse en sus templos, so pena de recibir acusaciones de actividades políticas contrarias al sentimiento de los gobernantes de turno. El Defensor del Pueblo, que surgió bajo la figura del ombudsman sueco, que significa «representante del ciudadano», fue en el país una valiosa instancia facilitadora. En Bolivia se erigió como una institución representativa de defensa de los Derechos Humanos y derechos ciudadanos. Lamentablemente, esta valiosa instancia se politizó, y hoy ha pasado a ser un apéndice más del Órgano Ejecutivo.
A ello se suma la fragilidad de las instituciones democráticas, el descrédito de los partidos políticos, la pérdida de independencia del Órgano judicial, con un sistema cada vez más politizado y dependiente; un Órgano Electoral en el que ya no es posible confiar, inclusive sin evidencias de presuntas equivocaciones. La intolerancia creciente ha dejado al país a merced de las medidas de presión, y ahora, quien tenga mayor capacidad de movilización puede imponer su criterio, así no tenga la razón. El rol deliberativo de un parlamento quedó en la historia, como si al cambiar de nombre por Asamblea Legislativa, perdiera también su independencia y se convirtiera en un conglomerado que levanto y levanta la mano por consigna, para aprobar normas dictadas y elaboradas en otras mentes ajenas a dicho Órgano. La tentación de ver como enemigo al adversario político o a quien discrepe con determinada posición, está creciendo hasta extremos en los que algunos se dejan llevar por pasiones adosadas por la ira, el odio y la venganza.
Cada vez se hacen más difíciles las negociaciones, el diálogo se hace cargado de suspicacias, cálculos y cartas ocultas. Se ha olvidado que el diálogo y la búsqueda de acuerdos implica concesiones recíprocas, comprensión y tolerancia. Los múltiples conflictos irresueltos en el país están armando bombas de tiempo en cadena. La secuela política, económica y de salud que ha dejado el coronavirus, sumada a las maniobras del narcotráfico, corrupción e impunidad tienen la mecha encendida y solo es cuestión de tiempo para que estallen. Las señales son cada vez más preocupantes, cuando factores que debieran contribuir a aliviar las tensiones, toman partido y en lugar de tender puentes de amistad y concordia, bloquean en lugar de perseverar en la necesidad de buscar caminos de entendimiento. Cuando se reclama diálogo político no se pretende una simple conversación, sino un encuentro que debe buscar un clima amistoso y de respeto por la idiosincrasia de las partes. Es decir, una conversación lograda con un espíritu de apertura, comprensión y tolerancia. Nuestro país necesita del diálogo respetuoso, de un desarme espiritual, de la mitigación de las pasiones que están agitando a la sociedad. La permanente confrontación ha debilitado el proceso de construcción democrática, pero todavía el país está a tiempo de recuperar la cultura del dialogo y la tolerancia, antes de que sea demasiado tarde.