El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, sostuvo este viernes que la «gran tarea» de este año será la organización de la elección de altos cargos del poder Judicial, cuyas dos versiones anteriores fueron cuestionadas por sus resultados con mayoría de votos nulos y blancos.
Hassenteufel se refirió al tema en la presentación del informe 2022 y el plan de trabajo del organismo para 2023.
«En tanto no se modifique el actual marco legal y constitucional, el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de planificar las elecciones judiciales que deben efectuarse en la presente gestión», sostuvo el presidente del TSE.
El vocal aseguró que «esa es la gran tarea del año 2023 y, por ello, ya se tiene elaborado el Plan de Desarrollo de las Elecciones Judiciales» basado en la aplicación de normas y procedimientos de calidad.
También indicó que en septiembre pasado se envió el requerimiento de recursos económicos para los comicios al Gobierno nacional y que esto ya fue incluido en el Presupuesto General del Estado 2023 aprobado en diciembre.
Según Hassenteufel, se cuenta con numerosas propuestas de calendario que serán analizadas por la Sala Plena del TSE, desde la etapa de preselección de postulantes en el Parlamento nacional, la votación, entrega de resultados y toma de juramento de nuevas autoridades.
Para el vocal, es «necesario» que el Legislativo haga la convocatoria para la preselección de postulantes «a lo sumo hasta el mes de marzo» para que 25 días después el TSE convoque el proceso electoral, como lo establecen las normas.
La Constitución vigente en Bolivia desde 2009 introdujo la elección mediante voto popular de las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, con candidatos seleccionados previamente por dos tercios en el Legislativo.
En las primeras elecciones judiciales realizadas en 2011 hubo una gran cantidad de electores que votaron nulo y blanco en rechazo al proceso, al considerarlo manipulado por la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir a magistrados afines al oficialismo.
Las de 2017 tuvieron resultados similares y estuvieron precedidas por un fallo del Constitucional que habilitó a Evo Morales a buscar un cuarto mandato consecutivo en los fallidos comicios generales de 2019, pese a que la Carta Magna limita a dos los periodos presidenciales y a un referendo que en 2016 le negó la posibilidad de volver a postular.
En la actual legislatura, el MAS tiene mayoría en el Parlamento, pero no los dos tercios.
Los comicios judiciales no han logrado resolver la crisis que arrastra la Justicia boliviana desde hace décadas, provocada por la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados.
Esto ha sido observado por organismos internacionales, mientras que un grupo de abogados bolivianos independientes liderados por el exalcalde de La Paz Juan Del Granado trabaja para concretar un referendo constitucional parcial que permita reformar la Justicia.