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jueves, abril 15, 2021
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El ‘vacunagate’ argentino, una «payasada» que avanza en la Justicia

El escándalo desatado en Argentina por la vacunación con privilegios a diversas figuras vinculadas al poder sigue en el ojo del huracán en el escenario político, mientras la Justicia avanza con una investigación que ya tiene al renunciado exministro de Salud y a su sobrino como imputados y que el presidente Alberto Fernández ha definido como una «payasada».

Cinco días después de destaparse el caso, cuando un periodista afín al Gobierno reveló que se vacunó sin aguardar su turno porque se lo pidió a su amigo Ginés González García, entonces titular de la cartera de Salud, la tensión entre oficialismo y oposición no hace sino acrecentarse en medio del aún lento plan de vacunación contra la covid-19 y a pocos meses de las elecciones legislativas de octubre.

«Terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. (…) No hay ningún tipo penal en Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'», dijo el martes a la prensa el jefe de Estado durante una visita oficial a México.

Abuso de autoridad

La Justicia, a diferencia de Alberto Fernández, cree que lo ocurrido sí debe ser investigado, tras recibir varias denuncias penales por el escándalo, el mayor desde que el peronismo recuperó el poder en diciembre de 2019.

«Desde el primer día que llegó la vacuna se partidizó, se utilizó como un instrumento del partido de Gobierno para su propio beneficio. La inmoralidad de la vacunación de los jerarcas demuestra el uso discrecional de los bienes públicos y la apropiación de la vacuna como si fuera de ellos», criticó este miércoles Patricia Bullrich, presidenta del opositor Propuesta Republicana.

El lunes pasado, tres días después de que González García renunciara al puesto a pedido del presidente, un fiscal imputó al exministro y a su sobrino, Lisandro Bonelli, que se desempeñaba como jefe de Gabinete del Ministerio, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

Y minutos después, la sede de la cartera, en pleno centro de Buenos Aires, era sometida a un registro policial ordenado para obtener registros de ingresos, grabaciones de las cámaras de seguridad y el listado de las personas vacunadas.

La vacunación VIP

El viernes pasado, el periodista Horacio Verbitsky, de 79 años, reveló que le pidió a su «viejo amigo» Ginés González García poder vacunarse y que lo hizo en la sede del ministerio, sin acudir a un hospital ni respetar el protocolo que se sigue para la población en general.

Esa declaración fue la chispa que encendió una polémica que fue creciendo mientras la prensa local daba cuenta de que Verbitsky no era el único que accedió de forma privilegiada a la vacunación, sino que también lo hicieron políticos, sindicalistas y empresarios allegados al poder e incluso familiares de algunos de ellos.

El exministro, aunque asumió la responsabilidad por la «equivocación», atribuyó lo ocurrido a una «confusión involuntaria» de su «secretaría privada» al citar a esas personas mientras él estaba fuera de Buenos Aires.

Pero la controversia fue creciendo, y obligó al Gobierno no solo a nombrar una nueva ministra, Carla Vizzotti -hasta ese momento secretaria de Acceso a la Salud-, sino también activar medidas de transparencia y hacer pública la lista de personas que se había vacunado «a requerimiento del Ministerio de Salud» en el Hospital Posadas, apuntado como epicentro de la «vacunación VIP».

En esa nómina de 70 personas, además del jefe de Estado -cuya vacunación había sido informada públicamente el 21 de enero-, figuran diversos ministros y otros funcionarios y personas sin cargo público, como Vertbisky.

Más allá de una «situación puntual», Vizzoti negó la existencia de un mecanismo de «vacunación VIP», aunque remarcó que hay un grupo de la población constituido por «personal estratégico» que incluye funcionarios «de primera línea» que pueden acceder a la vacunación por su actividad.

La disputa política

Si bien lo sucedido en el Ministerio de Salud es para el presidente Fernández un «hecho reprochable» que «no puede avalarse», que lo llevó a pedir la renuncia del ministro, el mandatario remarcó el domingo que se trató de algo «excepcional» y reprochó que sobre esas personas se haya montado un «escenario mediático de escarnio público».

Además, ayer defendió como «absolutamente razonable» que hubiera gente que por su cargo fuera vacunada y recordó que él mismo se vacunó para infundir confianza después una «campaña despiadada» de la oposición que advertía que la vacuna rusa era «veneno».

Juntos por el Cambio, principal coalición opositora, calificó lo ocurrido como un «escándalo de corrupción» y una «absoluta inmoralidad» y pidió que los vacunados «en forma ilegal» rindan cuenta a la justicia y las autoridades den explicaciones en el Congreso.

El ritmo de vacunación

A pocos días de cumplirse una semana desde que se conoció el primer caso de coronavirus en Argentina registra más de 51.510 muertos por la pandemia y ha vacunado con la primera dosis a 513.394 personas y con la segunda a 267.061, según datos del Monitor Público de Vacunación impulsado por Vizzotti.

Mientras el primer mes y medio la campaña se centró en inmunizar al personal sanitario, el día antes de estallar el escándalo se empezó a vacunar a adultos mayores, siempre con turno tramitado por internet asignado en función de la disponibilidad de dosis.

Argentina, que tiene unos 45 millones de habitantes, ha recibido hasta ahora 1,22 millones de dosis de la rusa Sputnik V y 580.000 de la Covishield elaborada en India con la tecnología de AstraZeneca. Y este jueves llegarán 904.000 dosis de la producida por el laboratorio chino Sinopharm.

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