Bolivia tiene una serie de responsabilidades internacionales que obligan a determinar políticas basadas en las modernas bases para las relaciones entre los Estados y los organismos internacionales. Hay varios asuntos pendientes, pero entre ellos sin duda uno de los temas más delicados que Bolivia debe enfrentar y buscar resolver en la justicia internacional, y también en la negociación bilateral, es la utilización por Chile de las aguas del acuífero Silala. El gobierno de transición debe manejar con pinzas el tema no solamente por la urgencia, sino porque la causa ya está instalada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, y existe un avance en las posiciones y argumentos expuestos.
De acuerdo a informes, la ministra de relaciones Exteriores Karen Longaric se reunirá con los juristas contratados por el Estado boliviano para defender al país en el caso Silala. Longaric anunció que Jaime Aparicio Otero, embajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos, fue designado Agente de Bolivia ante La Haya en remplazo Eduardo Rodríguez Veltzé, quien presidía la misión jurídica boliviana acreditada en La Haya. La canciller dijo que sostendrá una reunión con los abogados que contrató el anterior Gobierno para la defensa de este proceso judicial que instauró Chile contra Bolivia, para definir la naturaleza de las aguas del Silala.
Recordemos que Chile demandó a Bolivia arguyendo que es un río de curso internacional, a lo que el país respondió que el Silala es un acuífero nacido en territorio boliviano y que fue canalizado artificialmente hacia Chile. La ministra explicó que en el último tiempo se trabajó en la Cancillería revisando los actuados del caso Silala. «Han concluido los alegatos escritos, etapa en la que prácticamente está planteada la primera parte del proceso, es decir, la definición de la naturaleza de las aguas del Silala, si es un río internacional o son aguas netamente nacionales. Ahora, de acuerdo a la agenda de la CIJ, es necesario preparar los alegatos orales».
Un hecho que la nueva política internacional de nuestro país debe cuidar es la recurrente utilización de medias verdades por parte de Chile. En todas las controversias con ese país, los argumentos de los gobernantes chilenos han tenido ese denominador común. En la réplica que Chile presentó ante la Corte de La Haya, respondiendo a la contrademanda boliviana sobre el uso de las aguas del Silala, volvió a utilizar razonamientos discutibles, como que la ley de la gravedad hace que las aguas del manantial en conflicto fluyan hacia territorio chileno. En parte es verdad, pero ello no ocurriría en los caudales actuales de no mediar las canalizaciones artificiales que están a la vista de todo el que quiera ver la realidad. Chile argumentó en La Haya que el Silala es un río internacional «que fluye naturalmente» desde territorio boliviano a territorio chileno. «Fluye porque hay una pendiente considerable», aseguró en Santiago el excanciller chileno, Roberto Ampuero, tras la presentación de su réplica en la que exige que se defina que el Silala es internacional con derecho a uso compartido de sus aguas.
Recordemos que Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya la contra memoria en el juicio planteado por Chile, rebatiendo los argumentos de La Moneda. Simultáneamente se interpuso una contrademanda dirigida a que la CIJ juzgue y declare que Bolivia tiene soberanía plena sobre los canales artificiales y los mecanismos de drenaje construidos en el Silala. El documento está fundamentado por estudios geológicos, científicos y jurídicos. La actual administración tiene que considerar que los reclamos de Bolivia por el uso abusivo de Chile por las aguas del Silala, y el desvío unilateral por parte de Chile de las aguas del río Lauca, tendrán una gravitación geopolítica muy sensible a corto plazo, debido a una serie de factores que tienen que ver con el valor estratégico del agua dulce. Los desafíos para un mejor aprovechamiento y gestión del agua obligan a definir estrategias de adaptación para un efectivo desarrollo sostenible. Esta realidad hace que el agua dulce sea cada vez más valorada y Bolivia tiene la obligación de velar por sus recursos naturales y el deber de defender su patrimonio, pensando tanto en su aprovechamiento racional, como por la necesidad de ajustar su uso a las pautas y acciones para combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente.
El gobierno actual debe revisar su política exterior en el marco de los intereses nacionales y las nuevas realidades globales.