Mientras el Gobierno nacional y el Órgano Electoral impulsan la realización de las elecciones judiciales en la presente gestión, la reforma judicial se está convirtiendo el principal objetivo nacional, y probablemente motivo de confrontación, enlazado con las protestas en curso por las detenciones arbitrarias y las demandas por respeto al Estado de Derecho y vigencia plena de la Constitución Política del Estado (CPE). El Ministro de Justicia consideró desfasados los proyectos de reforma, mientras mediante la iniciativa ciudadana se están encauzando los mecanismos legales para lograr el cambio en el sistema judicial.
Parece cobrar precedencia el proyecto de reforma elaborado por el grupo de juristas independientes, que anunciaron el inicio de recolección de firmas dirigida a pedir una consulta popular mediante un referendo para lograr la reforma judicial vía cambios parciales en la CPE. Se prevé que hasta el 25 de enero los libros estén disponibles en aproximadamente 600 lugares de los nueve departamentos, para que los ciudadanos puedan firmar el pedido de reforma. Representantes del grupo de abogados que plantea la iniciativa popular para la reforma judicial informaron que se tiene tres meses para recolectar las rúbricas y huellas dactilares. Se necesitan firmas por lo menos del 20% del padrón electoral nacional.
Sin duda el problema político, social y jurídico más importante del momento es la reforma judicial, porque implica el respeto a los derechos humanos, y la reposición de la seguridad jurídica, que en la actualidad están cuestionados por infinidad de hechos concretos. Inclusive el gobierno actual reconoció la necesidad de un cambio y anunció la ejecución de la reforma en tres oportunidades, pero no se avanzó nada. Lamentablemente el tema ha dejado de ser una prioridad para la actual administración, y en lugar de respetar su propia iniciativa, prefirió impulsar nuevas elecciones judiciales sobre la base de las actuales normas que fueron, precisamente, factores de la actual desastrosa situación. Recordemos que los dos experimentos de elecciones judiciales fueron cuestionados tanto por la forma como se realizaron como por la intromisión política en la selección de los postulantes. La respuesta del electorado fue contundente con una mayoría de votos nulos y blancos.
Fracasadas las iniciativas del gobierno, surgió el proyecto de los juristas que proponen el referendo para lograr cambios parciales en la CPE que hagan posible la reforma que, entre otras novedades, propone que una comisión independiente de notables se encargue de la selección de las ternas de postulantes a magistrados, que luego serían aprobadas por la Asamblea Legislativa, para luego ir a las elecciones.
Uno de los juristas, el expresidente Eduardo Rodríguez Beltze, en un artículo de prensa analizó la crisis judicial, señalando que la reforma no es la única respuesta. Señala que «Los múltiples intentos naufragaron por la falta de voluntad e iniciativa política, las propuestas se concentran en cambios normativos o mejoras administrativas secundarias sin el suficiente debate. No existen diagnósticos actualizados ni comprensivos que reflejen los problemas estructurales desde la perspectiva del ciudadano usuario y concurren limitaciones a su tratamiento constitucional. Su prioridad fue languideciendo por el desinterés en abrir debates y generar consensos».
Agrega que «En este escenario cobra relevancia la estrategia de una ‘justicia transicional’, que promueva una concepción de justicia posible e imparcial. Surge como una respuesta comprensiva a las condiciones de tensión -casi irresolubles- para encontrar equilibrios pragmáticos que integren los múltiples elementos de la crisis, de los conflictos, políticos e institucionales, incluido el desafío de renovar el sistema judicial. El concepto de ‘justicia transicional’ procura equilibrios entre los ideales de la justicia y el realismo político; entre las dosis de justicia penal necesarias para evitar la impunidad y las condiciones para preservar la estabilidad democrática y la paz social; en el adecuado tratamiento de las amnistías, los indultos; en recuperar la confianza en la administración de justicia y en el reconocimiento y la reparación de las víctimas a partir del esclarecimiento de los hechos.»
Juan del Granado, uno de los impulsores del proyecto de reforma, explicó en un reportaje, los fundamentos por los cuales debe mantenerse la elección popular de magistrados. Considera, en primer lugar, que «el voto popular para la elección de magistrados es un avance progresivo en la ampliación de los derechos colectivos». Pero, en segundo lugar, está mal diseñado por lo que se propone la cualificación de ese voto popular para que efectivamente la gente elija, y por ello esta Comisión de calificación de méritos es una comisión absolutamente ciudadana independiente. Eleva ternas, ya no listas, sino ternas con los más calificados a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa hace una primera designación por dos tercios, y la decisión final está en el pueblo, está en el voto popular, a través de un referéndum, que ratifica por un lado la selección por los méritos en la Comisión de calificaciones y por otro lado la designación en la Asamblea».