6 C
La Paz
domingo, septiembre 19, 2021
InicioOpiniónEditorialElecciones ¿los millones concedidos el 2019 y el fraude?

Elecciones ¿los millones concedidos el 2019 y el fraude?

Se están adoptando una serie de medidas de vital importancia para la democracia y la institucionalidad del país, que van desde la confirmación de la fecha de las elecciones para el 6 de septiembre por parte del Tribunal Supremo Electoral, (que podría resultar flexible si la curva de COVID-19 se acentúa) la reanudación del calendario para el desarrollo de los comicios, la previsión de una eventual segunda vuelta para el 18 de octubre y la posesión de la nueva Asamblea Legislativa y del nuevo gobierno entre el 16 y 30 de noviembre. Se trata de un proceso muy delicado que debe vencer una serie de complicaciones políticas, sociales, económicas, administrativas y de salud pública.

Pero el objetivo está definido y se sintetiza en la necesidad de establecer un gobierno que sea elegido por el pueblo en elecciones limpias, transparentes, en las que se respete la voluntad ciudadana, y para ello es necesario vencer las diversas barreras que se han levantado por la forma irracional de algunas facciones políticas contrarias a la democracia y el ordenamiento legal; acciones violentas de grupos exaltados e irresponsables que alentaron a romper la cuarentena; ambiciones personales que han distorsionado el curso democrático; actos de corrupción del exgobierno de Morales y del actual que han decepcionado a la gente; los resabios del fraude electoral con la mañosa y delictiva actuación del anterior TSE, y la pandemia de coronavirus que ha puesto otras barreras más que limitan la posibilidad de una concurrencia óptima a los recintos electorales.

Pero el proceso está en marcha y el calendario en movimiento con fechas límite. El Órgano Electoral fijó que el sorteo de jurados electorales sea el 7 de agosto. Entre otros momentos claves está las informaciones de la OMS y de epidemiólogos que en forma científica podrían dar su alarma, la difusión o publicación de estudios de opinión en materia electoral que se podían efectuar ya desde el 26 de junio. Difusión de propaganda electoral en actos públicos de campaña, desde el 24 de julio. Inicio de la difusión de la propaganda electoral en medios de comunicación, 7 de agosto. La conformación de la directiva de mesas de sufragio y capacitación a jurados de mesa están previstas desde el 10 de agosto. Presentación de excusas para el ejercicio de la labor de jurados, del 10 al 16 de agosto.

Asimismo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral se comprometió a que se adoptarán las medidas de bioseguridad necesarias que garanticen unas elecciones que no pongan en un riesgo mayor a todos los que intervienen en el proceso eleccionario. Lamentablemente, una incongruencia política, económica, jurídica y ética está pendiente de resolución, al haberse considerado la asignación de fondos para que los partidos políticos efectúen sus campañas. Se ha generado una controversia luego de que saliera a la luz un documento en el que se establece que el TSE se basará en las elecciones de 2014 para distribuir la asignación del denominado «fortalecimiento público» con el cual se financian las campañas de los partidos. La ciudadanía pregunta ¿acaso ese monto del año 2014 no estuvo ya destinado y utilizado en las elecciones fraudulentas de octubre de 2019?

La indignación expresada desde todos los ámbitos de la comunidad nacional, parece que evitará que se cometa semejante desatino. Es más, casi todos los candidatos que terciaran en la contienda electoral, sugirieron que los fondos destinados a los partidos sean asignados a la lucha contra el coronavirus, la Asamblea Legislativa aceptó considerar el tema. Pero hay algo que no debe olvidarse. El Movimiento Al Socialismo ya recibió una suma astronómica de dinero para participar en las elecciones anuladas por el «fraude electoral» como calificó la OEA. Todos los partidos que participaron en esos comicios recibieron algo, pero la parte mayor de la torta se quedó en manos del MAS.

Lo justo será que ese partido devuelva ese dinero por haber sido señalado por la OEA como responsable de perpetrar el fraude, además de que deberían aplicarse las normas que determinan sanciones para los partidos que cometen ilegalidades, inclusive se contempla la pérdida de la sigla del partido que incurra en dolo u otras contravenciones, y se ha establecido, mediante dos informes de la OEA, sin lugar a dudas, un fraude en las elecciones del 20 de octubre pasado. Recordemos que el informe de la auditoría de la OEA, establece, entre otras transgresiones, «manipulación dolosa» y «parcialidad de la autoridad electoral». Detalla que el equipo auditor detectó «una manipulación dolosa de los comicios en dos planos»: a nivel de las actas, a partir de su alteración y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas, y de los resultados, y a raíz del «redireccionamiento» del flujo de datos a dos servidores (computadoras) «ocultos».

Es un informe contundente, porque es necesario aclarar que dolo significa fraude, estafa, timo. Ahora, ¿se animará el Órgano Electoral a cumplir su deber y ejercer sus atribuciones? Esperemos que sí, y mientras tanto, el cronograma electoral está en marcha, el pueblo decidirá en las urnas (Dios mediante y la pandemia no la obstaculice) el futuro del país, y definirá si quiere un cambio que brinde esperanza de respeto al ordenamiento legal, o volver al régimen que conculcó derechos y libertades, pisoteó la Constitución Política del Estado, estimuló el narcotráfico y la corrupción, y despilfarro el patrimonio de todos los bolivianos.

Si el pueblo no desafía a sus miedos, que parece no será posible, la abstención podría ser funesta para los partidos y tendrá que convocarse a nuevos comicios para el 21 de febrero de 2021 en el que participen nuevos candidatos.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

MÁS LEÍDAS

- Publicidad -