La emergencia sanitaria incluye determinaciones estrictas que pone límite a las libertades individuales en resguardo de las libertades colectivas y la salud de las personas. Estos límites a las libertades tienen un objetivo concreto que es el de garantizar la protección de los derechos de los demás, entre los que figura, como prioridad, el derecho a la salud y el bienestar de la población.
El gobierno negó que se vaya a aplicar el Estado de Excepción (E.E.). La Constitución Política del Estado prevé este recurso que reemplaza al estado de sitio que contemplaban las anteriores constituciones. Se trata de una medida prevista en el Art 137 de la CPE para ser aplicada «En caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural». La norma, entre otras disposiciones, señala que el E.E. debe ser regulado por ley, y que «Los derechos consagrados en la Constitución no quedarán en general suspendidos por la declaración del Estado de Excepción».
Además, el Órgano Ejecutivo tendría que rendir cuentas a la Asamblea Legislativa de los motivos que dieron lugar a la declaración del E.E., así como del uso de las facultades conferidas por la Constitución y la Ley. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, rechazó una supuesta declaratoria de Estado de Excepción, atribuyó la versión a «políticos desesperados» que «quieren causar caos y pánico». «El estado de sitio ya no existe, es estado de excepción», dijo y aseguró que no se aplicará ese recurso «ni hoy ni mañana y no creo que haya nunca». Argumentó que el estado de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus en el país «se está respetando, se está avanzando y la gente está cumpliendo».
Recordemos que por decisión del gobierno se determinó emergencia sanitaria que dispone la «cuarentena» que limita el libre tránsito, determina la movilización de los militares y de la policía para hacerla cumplir; dispone además una serie de restricciones a los ciudadanos, entre ellas la prohibición de circulación de vehículos privados y públicos, y se ha restringido la salida de personas de sus domicilios a un solo día por semana. Asimismo se han anunciado sanciones a los infractores y en algunos departamentos se ha emitido autos de buen gobierno, que regulan las actividades públicas y privadas. Estas determinaciones están amparadas por la CPE para casos en los que exista riesgo para la población. Es cierto que se trata de determinaciones que restringen algunas libertades individuales, pero es necesario ubicar los hechos en la dimensión de la emergencia que rebasó fronteras y se convirtió en una pandemia que llegó a nuestro país, afectando a muchos ciudadanos y causando varios fallecimientos.
El gobierno pudo determinar el Estado de Excepción frente a la magnitud de los riesgos que implica la pandemia del COVID-19, o coronavirus, pero optó por la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, que probablemente sea más estricta que un E.E., argumentando en un decreto «lo dispuesto por la Constitución Política del Estado; y, en resguardo estricto del derecho fundamental de la vida y la salud de las bolivianas y bolivianos, así como restablecer la paz interior en todo el territorio nacional, con la finalidad de evitar el contagio y propagación del Coronavirus y garantizar la seguridad de los ciudadanos».
La decisión se basa en el parágrafo I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado, que establece que «el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. Que el Artículo 37 del Texto Constitucional, dispone que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades».
Objetivamente se tiene que reconocer que la realidad obliga a la adopción de medidas estrictas para evitar una catástrofe en el país, para lo cual son necesarias acciones efectivas destinadas a controlar la pandemia.