Saliendo por los fueros de la desesperación y necesidad de reactivar el aparato productivo de pequeñas, medianas y grandes empresas, la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba dio a conocer su «rechazo a la ampliación de la cuarentena hasta el 31 de Mayo», habiéndose calificado, por parte de algunas autoridades, arbitrariamente como zona de alto riesgo, sin haberse consensuado por activistas del gobierno con los empresarios, demostrado que no existe una correcta y estratégica conducción de la lucha contra el coronavirus, según apreciación de sus dirigentes.
Consideran que existen sectores que se benefician de la paralización de actividades, para proseguir haciendo actividades políticas, generando incertidumbre, mientras los empresarios privados se ven en la triste situación de cumplir determinaciones gubernamentales, pese a que la mayoría de la población cochabambina cumple a conciencia munirse de equipos de bioseguridad para protegerse del virus.
La población está en la disyuntiva de morir de hambre o arriesgarse a cumplir su rol en las empresas que son fuente de trabajo.
El pronunciamiento de los empresarios del valle cochabambino es una llamada de atención para que los responsables de la coordinación de lucha en contra de la pandemia, aprendan a escuchar la posesión de cada sector, sea rural o urbano, cuantificar qué clase de apoyo sanitario y de bioseguridad, respiradores, etc., se dotó a cada uno de ellos, pues dar lectura a un índice de poblaciones rurales y urbanas, no significa de modo alguno que se hubiera planificado una labor de certeza para frenar la presencia del coronavirus en Bolivia.
La inquietud de los empresarios de Cochabamba es un mensaje que el gobierno debe tener muy en cuenta, porque los sectores de trabajadores de ese departamento se ven alentados, toda vez que desean retornar a sus fuentes de trabajo con la incertidumbre si se podrá reactivar los mismos y del cumplimiento de pago de haberes, salarios.
Ello se debe a que en el sector público, individuos como el expresidente de YPFB, hayan hecho negociados multimillonarios con la compra de diésel y el aumento de volúmenes de gas a la Argentina, cuando el gobierno dice que se encontraría allí un exdignatario de Estado que está alentando inmediatas elecciones generales lo cual es un contrasentido toda vez que en su momento se manifestó que se debían parar las tratativas con representantes del gobierno argentino hasta mientras no se obligue al refugiado cumpla con tratados internacionales y no se inmiscuya en políticas de Estado, de Bolivia, pero el gobierno de transición hizo lo contrario y de otra parte alienta a la Asamblea Legislativa Plurinacional se dedique a labores proselitistas políticas, erogando millonarios pagos, que bien puede servir para la adquisición de respiradores, equipos de bioseguridad para médicos, enfermeras y otros profesionales que están en primera línea contra la pandemia.
Por un lado, el gobierno denuncia activismo político del jefe de campaña del MAS pero por otra hace negocios con la Argentina, lo que hace sospechar que existiría alguna forma de compromiso electoral con el MAS, a costa de cargar toda la responsabilidad económica financiera en espaldas de los empresarios en general.
¿Qué hacer en el aspecto social si los empresarios deben pagar sueldos, salarios, a los trabajadores? no es suficiente decir que se otorgara crédito para pago de planillas, olvidando hacer constar que se debe efectuar trámites burocráticos y llegado al termino de seis meses se tendrá que pagar intereses y capital, lo que ciertamente determinará que muchas empresas se encuentren en situación de alto riesgo de crisis económico financiero y en muchos casos verse en necesidad de disminuir el número de empleados y trabajadores, lo que el gobierno tiene que tener en cuenta, olvida que para hacer cuarentena prolongada se requiere tener dinero para adquirir alimentos de primera necesidad, lo que al presente no ocurre por cuanto las medidas adoptadas ya carecen de credibilidad social.
La determinación del empresariado de Cochabamba, debe hacer meditar a las demás Federaciones Departamentales para que el gobierno entienda que se debe proyectar y actuar de consenso con todos los sectores para lleva adelante acciones en defensa de la salud pública y de las fuentes de trabajo en general.