Son varias las denuncias, informes y reclamos que registran los medios de comunicación sobre la explotación minera sin respetar la protección ambiental ni la contaminación de las aguas de los ríos. Hasta se niegan las evidencias como el desastre ambiental que genera la minería en Potosí afectando al Río Pilcomayo. Se toleran operaciones clandestinas -en algunos casos mediante acuerdos de dudosa legalidad- para explotar oro en áreas declaradas como reservas nacionales y que debieran ser protegidas por el Estado y el gobierno.
Lamentablemente, lejos de cumplir las normas vigentes y el mandato de la Constitución Política del Estado de proteger la naturaleza, el medioambiente y haber declarado, inclusive la vigencia de los derechos de la madre tierra, la depredación no tiene freno y la explotación minera se desarrolla sin evitar la contaminación, salvo algunas empresas que respetan las normas ambientales.
Inclusive se han autorizado operaciones mineras en tres áreas protegidas de Madidi, Cotapata, y Apolobamba, y se llegó a acuerdos con cooperativistas auríferos para que paguen un impuesto de apenas el 4.8% sobre la extracción de oro. Los reclamos de agrupaciones indígenas y ambientalistas motivaron que el gobierno frene esa decisión, sin embargo, las operaciones auríferas continúan y el avance hacia zonas protegidas parece incontenible.
Las actividades extractivas auríferas causan contaminación por el mercurio que utilizan y llega a los ríos. La abierta transgresión a la preservación ambiental que determina el ordenamiento legal se agravó en los últimos 15 años. Inclusive el gobierno del MAS, públicamente, afirmó que la creación de las áreas protegidas era «un invento de los gringos y las dictaduras». Finalmente, esa ha sido una posición de las administraciones de proclamar la defensa de la madre tierra ante los medios de comunicación, pero en la práctica, desarrollar proyectos contra la naturaleza y los recursos no renovables.
Inclusive se han autorizado actividades de exploración petrolera en los parques nacionales. La insensibilidad sobre el medio ambiente es notoria en los regímenes del MAS. Ni frente a evidencias establecidas por organismos internacionales se logró que se respeten las normas nacionales de cuidado ambiental, las proclamas sobre la protección a los indígenas originarios, ni los convenios en el marco de la Organización de Naciones Unidas.
Recordemos que hace poco la oficina de la Organización de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, expuso un informe señalando que los pueblos indígenas están expuestos a sustancias peligrosas y sufren una forma de violencia ambiental que causa muertes y pone en peligro vidas, debido a la pérdida de fuentes de alimentos y plantas medicinales, entre otros daños. La versión es parte del informe presentado a la Asamblea de la ONU por el Relator Especial sobre la materia, Marcos Orellana, quien estuvo en el país en torno al uso de mercurio en la minería aurífera pequeña en Bolivia. Orellana ante la Asamblea explicó que muchas veces estas circunstancias obligan a los pueblos originarios a desplazarse, además de que afectan su salud provocándoles defectos congénitos y enfermedades tan graves como el cáncer.
El experto detalló que entre el 50% y el 80% de los recursos minerales destinados a la extracción se encuentran en las tierras y territorios de los pueblos indígenas. «Las compañías de petróleo y gas continúan explorando y explotando depósitos de hidrocarburos incluso cuando el planeta enfrenta una emergencia climática. Invariablemente, esto se debe a que los Estados promueven las industrias de combustibles fósiles, a menudo en las tierras y territorios de los pueblos indígenas», apuntó. Es una realidad, además, que en algunos países los agronegocios exponen a esas comunidades a los pesticidas peligrosos que se utilizan en los monocultivos y que la fumigación aérea esparce indiscriminadamente sustancias tóxicas que se desplazan sobre cultivos y aguas que los pueblos indígenas precisan su consumo y tradiciones. Como si todo esto fuese poco, la explotación de oro que se estima genera más de dos mil millones de dólares anuales, no deja nada para e Tesoro General del Estado.