La pacificación del país y la preservación del sistema democrático es la tarea fundamental del momento, misión de alto significado político y ético que implica responsabilidad, honestidad y dignidad. Desgraciadamente, estos conceptos no siempre están en concordancia con la conducta de algunas tendencias y de algunos políticos, que prefieren la confrontación, la tensión y la violencia. Nuestro país está enlutado, los muertos, heridos y daños que deja el conflicto representan una afrenta a la vocación pacífica del pueblo boliviano, que ha demostrado siempre su deseo de vivir en paz y preservar la vigencia de los derechos, libertades y garantías para la ciudadanía. Los violentos no deben tener espacio en nuestra geografía, que busca el bienestar de todos.
Pero en este momento Bolivia vive un episodio de violencia que es atizado desde el exterior y por intereses que tienen que ver con el crimen organizado, el narcotráfico y corrientes ideológicas radicales, que han logrado establecer su epicentro en El Chapare, al que se ha convertido en una especie de «republiqueta», donde ha sido aplastada la ley, y rige la intimidación, la violencia y la coacción. En ese escenario, el gobierno intenta encontrar la pacificación del país mediante un dialogo que para algunos logró avances y para otros está en el limbo, debido a las posiciones y planeamiento incoherentes e ilegales que esgrimen los negociadores del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Los negociadores del gobierno, encabezados por el ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, intentan convencer de la necesidad de una concertación a los resabios del anterior gobierno que pretenden utilizar a la Asamblea Legislativa como base para sus pretensiones. Los negociadores del MAS, que tienen como representante a la senadora Adriana Salvatierra, plantean que no se persiga a los dirigentes y exautoridades del anterior Gobierno ni se les siga procesos judiciales, y que se den garantías para el retorno de Evo Morales al país. El sentido común y las normas legales señalan que eso es imposible. Si alguien ha cometido un delito tiene que ser sometido a la ley. El pedido del MAS representa mantener la impunidad que durante casi 14 años ha protegido a quienes desfalcaron el Fondo Indígena, fijaron sobreprecios a casi todos los proyectos que se han ejecutado durante todo este tiempo. Significaría dejar sin castigo las violaciones a la Constitución Política del Estado, la tolerancia l narcotráfico, y lo peor, dejar en la impunidad a los autores del fraude electoral.
Pese a ello, los negociadores del gobierno expresaron amplitud, y aunque no es posible acceder a todos los pedidos se acordó que el MAS no perdería su personería jurídica, ya que las previsiones de las normas legales determinan que un partido que hizo fraude pierde su legalidad. Al permitir que siga vigente el MAS, podrá participar en las próximas elecciones, aunque con nuevos candidatos. Pero mientras se negocia hay un doble accionar, ya que persisten las instrucciones que llegan desde México para convulsionar al país y mantener los bloqueos. En los lugares conflictivos actúan agentes extranjeros, gente armada, entre ellos venezolanos, cubanos y hasta se estableció -sin lugar a duda alguna- a un miembro de las FARC. Pese a ello se sigue negociando y en Yapacaní se logró un principio de acuerdo para desbloquear y buscar que se lleve el conflicto al diálogo, y evitar de esta manera los desenlaces luctuosos que se han dado en otros lugares.
Es necesario que los masistas comprendan que ya están fuera del poder y que solamente lo podrán recuperar mediante los mecanismos democráticos, es decir en elecciones transparentes y garantizadas por la imparcialidad, que es el compromiso que ha asumido el gobierno de transición. Asimismo, todos los bolivianos debemos cuidar que el nuevo proceso de institucionalización cumpla con todas las garantías de transparencia y que el nuevo Tribunal Supremo Electoral, esté conformado por personalidades idóneas que hagan respetar la voluntad ciudadana depositada en las urnas. Para alcanzar ese ideal es necesario pacificar al país y llegar a consensos políticos. La comunidad internacional, la Iglesia Católica y algunos países están mediando en el diálogo, y la ONU ha enviado a un representante ante quien las partes garanticen su compromiso democrático y voluntad política de buscar un acuerdo concertado.