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domingo, febrero 5, 2023
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En riesgo el ahorro para las jubilaciones

¿Es merecedora de confianza la Gestora Pública creada por el gobierno? Al parecer no, porque cada vez son más los sectores que quieren evitar que los ahorros de los trabajadores, empleados y jubilados pasen a esa entidad creada para reemplazar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y BBVA Previsión. Para convencer de las bondades de la intención de hacer que el gobierno maneje esos recursos se han dado explicaciones superficiales que es probable que sean puestas en escrutinio y que no convenzan. La Gestora, mediante la agencia de noticias del Estado (ABI) explica que hay cinco candados que protegen los ahorros en el Sistema Integral de Pensiones (SIP).

Primero, sostiene que los aportes son patrimonios autónomos y que el único destino de los recursos es la inversión para generar rendimientos y posteriormente financiar la pensión de jubilación. El segundo candado es la fiscalización de los aportes de los trabajadores por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). Además, los aportes están sujetos a control social; apertura y transparencia hacia las rendiciones públicas de cuentas. El cuarto candado establece que los recursos son controlados por el jubilado, como asegurado. Únicamente el beneficiario puede acceder a sus recursos cuando tramite su pensión de jubilación. Finalmente, los aportes son sometidos a una auditoría externa, además de auditorías de manejo contable por entidades privadas independientes que deben ser presentadas a la Presidencia del Estado, a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a la Contraloría General del Estado (CGE) y deben ser publicadas a través de todos los medios de difusión.

En realidad, la mayoría de estos «candados» están contemplados en el ordenamiento legal, sin embargo, los funcionarios de gobierno se dan modos para realizar desfalcos, los ejemplos son muchos, nadie cuidó los candados del Fondo de los campesinos, ni de los millonarios contratos por carreteras, menos de los manejos de contratos de diversas obras y proyectos adjudicados sin licitación, eludiendo las normas legales o «candados» para evitar a los aficionados a apoderarse de lo ajeno.

Los trabajadores y empleados en general tienen todo el derecho de defender sus ahorros y evitar que el gobierno se apodere de esos recursos, como ha ocurrido en el pasado con los aportes de trabajadores y empleadores, para la seguridad social. El Estado quedó debiendo una millonada en aportes que nunca honró, y para despojarse de la responsabilidad, transformó el sistema, separando la salud de las previsiones sociales, que quedaron incompletas. O la forma como el Estado se apoderó de los Fondos Complementarios de Pensiones de diferentes sectores que el régimen de Sánchez de Lozada incautó. Ya el gobierno actual debe varios millones de dólares a las AFP, y existe el riesgo de que nunca pague. A ello se suman el juicio que ya perdió con una de las administradoras, que significa varios millones de dólares, además de otro juicio que seguramente correrá la misma suerte. Los mineros -afines a las políticas del gobierno- expresaron abiertamente su desconfianza en la Gestora, argumentando que el Estado es mal administrador. El gobierno atendió su reclamo y determino diferir el traspaso de los fondos de ese sector. Ahora, los fabriles, los médicos, los jubilados y los trabajadores de las universidades públicas reclaman el mismo derecho para que sus recursos sean protegidos.

La pausa que se acuerde no debe ser simplemente temporal, sino el medio para una rectificación de propósitos y objetivos, tramitándose una consulta a los más de millón 200 mil ahorristas y jubilados, para establecer cuántos empleados y rentistas están de acuerdo con la Gestora que creó el gobierno. La desconfianza se justifica con todos los antecedentes que existen. Así como se atendió el pedido minero, se debe admitir la demanda de los otros sectores, y que la Gestora se quede solamente con los empleados públicos, salvo que ellos rompan el embargo a su voz, y también reclamen protección a sus ahorros. Debe protegerse a otros sectores que no cuentan con el poder de la dinamita para hacerse escuchar.

Lo que está en juego -por efecto de la decisión inconsulta del gobierno- no solamente son los aportes de todos los trabajadores y jubilados, sino el futuro y la tranquilidad de miles de familias que en algún momento podrían no tener más que esos ahorros como renta para sobrevivir, como ocurre ahora con miles de jubilados que apenas cubren sus necesidades básicas. Los «candados» de seguridad que el gobierno dice que existen, en realidad son para impedir que los trabajadores vigilen el manejo de sus ahorros, frente a una Gestora que se convierte en el brazo del gobierno para administrar más de 23 mil millones de dólares de los trabajadores, y regular el uso mediante Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) manejada por el gobierno. ¿La Asamblea Legislativa representa alguna garantía? ¿La justicia defenderá a los rentistas? Probablemente se coludirán para decidir qué hacer con los ahorros e inversiones. Ese grupo, ¿podrá enjuiciar a los deudores morosos? Recordemos que el Estado ya es el principal deudor de los fondos acumulados en las AFP. ¿Se auto procesarán el gobierno o el Estado?

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