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sábado, marzo 2, 2024
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Encuestas pre pago antidemocráticas

El candidato a la Presidencia Jorge Quiroga denuncio que el TSE y las empresas encuestadoras, entre ellas Ciesmori, no hicieron llegar datos técnicos y de auditoria a los partidos, por lo que –las encuestadoras- en forma ilegal, arbitraria y sin control del TSE, dicen haber realizado muestreos a 1.200 personas, encuestadas, de un universo de siete millones de electores habilitados.

Es irrisorio, absurdo y de compromiso las encuestas de Ciesmori, por algún pre pago, pues las mismas también se efectuaron para las de octubre 2019 y dieron datos falaces, con resultados electorales calificados de fraudulentos por la Organización de Estados Americanos, cual denunciaron miembros del MNR.

Como se advierte, las actitudes de las encuestadoras son dolosas, con toda desfachatez intentan hacer creer que «encuestaron, preguntaron, a 1.200 personas en todo el territorio», gracioso porque movilizar un equipo de por lo menos quinientos encuestadores significaría un presupuesto que dejaría en la calle a los pregonadores del desequilibrio de porcentajes.

Es una ofensa a la inteligencia del pueblo las cínicas encuestas. Lo que corresponde es que los afectados interpongan acciones legales en contra de Ciesmori y otras que se comprende están a órdenes de la diestra y siniestra de quienes durante catorce años los mantuvieron para también elecciones subnacionales.

En formularios y declaraciones juradas ante el Servicio de Impuestos Nacionales, las encuestadoras deberían hacer conocer los montos cobrados a sus contratantes, la entidad recaudadora tiene el deber de hacer público cuánto declararon por ingresos obtenidos en la gestión 2019 y cuánto en los periodos de enero a diciembre del año pasado y el monto de IT e IVA cobrados.

De esta forma el pueblo podrá saber, de fuente fidedigna, quienes pagaron por las encuestas truchas que favorecieron al ex gobernante durante tres periodos y en las subnacionales, alcaldías y gobernaciones, además del monto por impuestos. Jugar con la buena fe de las personas es un delito muy grave, las encuestadoras deliberadamente ejecutaron un plan, previamente planificado, para influir psicológicamente en la mente de los electores.

Con dos años de anticipación ya indicaban que el ex presidente sería el primero a los demás los dejaban tan atrás, que un numeroso porcentaje de indecisos se vio obligado, psicológicamente, a votar por el primero, porque «ya estaban echados los dados cargados».

Esta clase de artimaña tiene que acabar, los directivos de las encuestadoras deben ser sometidos a pruebas de eficiencia, ética y comportamiento correcto, legal. Deberían pedirles, como ocurre en otros países, otorguen boletas de garantía para un accionar ajustado a la realidad de los hechos haciendo constar el número de encuestadores, lugares donde se efectuará el muestreo, zonas, regiones, departamento, tiempo para efectuar datos tecnológicos y cumplir las sanciones que se determine en contratos por ante el Tribunal Supremo Electoral por incumplimiento y/o datos falsos. De lo contrario todo seguirá igual a lo que ocurrió el 20 de octubre de 2019, en que los resultados en el TSE de ese entonces fueron manipulados para que coincidan con los pronósticos de las encuestadoras adictas al régimen.

La OEA hizo conocer en informes, que son de dominio internacional, que se alteró los sistemas de control de votos con la aquiescencia de los ex integrantes del TSE, todos ellos, a la fecha, incriminados por ante jueces en lo penal y que fueron remitidos a las cárceles de San Pedro y de mujeres en Obrajes.

Basta de encuestas prefabricadas y mal intencionadas.

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