A los 7 meses y 9 días de haber asumido la Presidencia, Jeanine Áñez, el gobierno de transición enfrenta un escenario cada día más adverso. El país en su conjunto está siendo corroído por una andanada de conflictos y amenazas de eclosión social que traban la gobernabilidad, y colocan al pueblo en la encrucijada más complicada de las últimas cinco décadas, enfrentando una pandemia que cobra vidas a cada momento, la hostilidad política que no mide consecuencias y un ordenamiento procedimental defectuoso que pone en riesgo la institucionalidad, el sistema democrático y los derechos de los bolivianos a contar con los medios elementales de subsistencia.
Para colmo de males, el colapso de los sistemas de salud expone a los ciudadanos a un contagio expansivo sin que las autoridades puedan, por lo menos, ponerse de acuerdo y contar con planes de contingencia.
La andanada de conflictos se expande, junto a la pandemia, con actitudes conspirativas contra el orden transitoriamente constituido, con acciones para obstaculizar los esfuerzos por combatir la epidemia, violencia contra médicos y organismos de seguridad del Estado, lo que junto al coronavirus que deja sin empleo a miles de personas, provoca la quiebra y cierre empresas, generan crisis económica-financiera y recesión, de grandes consecuencias.
A ello se suma un conflicto de poderes que traba la gobernabilidad, impide la ejecución de políticas sociales y medidas de emergencia frente a la crisis. Las partes en conflicto pretenden imponerse sobre sus pares por diferencias ideológicas, políticas militantes y por intereses personales, y de esta manera ignoran los derechos y prerrogativas de cada Poder del Estado. Se ha puesto en práctica una deliberada intención de invadir atribuciones, y así el Órgano Legislativo quiere reglamentar y promulgar leyes, interpretar la CPE y pasar por encima del Órgano Ejecutivo y del Electoral. A su vez el Órgano Ejecutivo incumple el mandato específico que la calidad de gobierno transitorio implica, con una misión específica, y busca prorrogarse en el poder.
La presidente Jeanine Áñez acusó al MAS de utilizar la violencia en sus afanes desestabilizadores. Señaló que esa fuerza política «se presenta con violencia y defendiendo posiciones radicales que intentan generar inestabilidad mediante el terrorismo». Hizo referencia a sus «negocios cocaleros», con los que «arman un esquema violento de oposición, un esquema que, de frente, utiliza tácticas y métodos terroristas. Se comienza a volar torres de comunicación, bloquear carreteras, secuestrar periodistas, expulsar a la policía del Chapare y de esta forma sabotear la cuarentena», indicó la mandataria.
Es decir, el gobierno transitorio esta entre la cruz de hacer cumplir la Constitución Política del Estado o sucumbir ante la espada de la conspiración, de la cual en cierto modo es culpable por estar cogobernando con una parte del MAS.