La comunidad internacional, preocupada por la crisis política nacional que ha derivado en violencia, está actuando en busca de pacificar al país llamando al dialogo y la concertación destinada a devolver la institucionalidad perdida desde hace mucho tiempo. Recordemos que fue el gobierno del MAS el que desconoció la Constitución Política del Estado y fracturó el ordenamiento legal para mantenerse en el poder. Ahora corresponde restablecer los mecanismos constitucionales inclusive con medidas de emergencia, dada la naturaleza del gobierno de transición que ha surgido tras el vacío del ejercicio gubernamental, producido por renuncias y dejación del cargo de los ex gobernantes.
Ahora, la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA, y algunos países amigos han expresado su disposición a cooperar para que se reconduzca al país por la vía democrática. Para ello es necesario crear las condiciones destinadas a convocar a elecciones generales y regionales, designar a los miembros de un nuevo Órgano Electoral, que conduzca imparcialmente los comicios y se garantice transparencia y confianza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, envió a Jean Arnault como emisario para que se constituya en facilitador de una solución a la crisis, y establezca contactos con las partes en conflicto a fin de alcanzar una solución pacífica. En un comunicado de la misión de la ONU, se señala que «el Secretario General sigue profundamente preocupado por los acontecimientos en Bolivia y reitera su llamado a todos los bolivianos para que ejerzan la máxima moderación».
La Unión Europea también se ha pronunciado por la situación nacional, expresando su disposición a cooperar para acelerar los comicios que deben dar paso a un nuevo Gobierno constitucionalmente conformado. El representante de la UE en Bolivia, embajador León de la Torre Krais se reunió con la presidente Jeanine Áñez y reiteró el ofrecimiento «de cooperar en estos momentos para que Bolivia pueda celebrar lo antes posible elecciones transparentes y creíbles». Adelantó que, al igual que la Organización de Estados Americanos (OEA), ellos están atentos a una convocatoria para enviar una misión de observación electoral y que refleje la transparencia de todo el proceso. Ratificó que ahora se han constituido en facilitadores para que los actores principales se sienten en una mesa y encuentren soluciones para Bolivia. En esa gestión facilitadora están también la ONU, UE y varios países amigos, además de la Iglesia Católica, que convocó a un diálogo nacional.
En la actual coyuntura es necesario agilizar procedimientos, pero se choca con la posición obstruccionista de los parlamentarios del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que no comprenden que pronto acabará su gestión legal. El gobierno, ante el cese de funciones de los asambleístas, podrá aprobar medidas de emergencia para cumplir el mandato constitucional. Recordemos que aplicada la sucesión constitucional –que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional- el actual gobierno transitorio tiene una misión específica que cumplir conforme al Art 169 de la CPE que manda que «se convocarán a nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días». El plazo de 90 días específicamente se refiere a la convocatoria a elecciones, y para ello es imprescindible designar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y los vocales de los tribunales departamentales, además de todo el equipo operativo, técnico y administrativo.
En la coyuntura actual, los diputados y senadores tienen una gran responsabilidad de terminar su mandato cumpliendo su función encomendada por los electores, o seguir trabando la solución legal y democrática, y concluir su gestión con ese antecedente, que seguramente los ciudadanos tomarán en cuenta para las próximas elecciones. Ojalá la Asamblea Legislativa logre facilitar la transición y apruebe las nomas que viabilicen tanto las elecciones nacionales como las de gobernadores, alcaldes y sus respectivos concejales, para que no se tenga que efectuar otras elecciones a medio año.
Es el momento de que las diferentes fuerzas políticas demuestren su vocación democrática. Es una prueba que se tiene que poner en evidencia no con discursos, sino con hechos, deponiendo la hostilidad y facilitando los mecanismos legales y democráticos. La otra opción es mantener las actitudes beligerantes, el terrorismo, la destrucción y agresiones, factores que, sin duda, serán evaluados por la ciudadanía a la hora de emitir su voto en las próximas elecciones que deben efectuarse.