Las determinaciones que se asumen ponen en riesgo las elecciones. Para la oposición existen vicios legales y parcialidad de los administradores de los comicios, situación que desnaturaliza el desarrollo electoral. Pero es necesario también ver que algunas acciones precipitadas, lejos de buscar soluciones ahonden el problema y dejen una percepción errónea de la realidad y de lo que el pueblo boliviano quiere. Toda acción política debe ser medida en función de la capacidad para hacerla efectiva y de sus consecuencias. Hasta ahora solamente Santa Cruz ha demostrado capacidad de movilización.
Además, los bloqueos o cercos a una ciudad nunca son bien vistos por la ciudadanía, mientras que para nadie es un secreto que los paros pierden contundencia, y el derecho a la huelga de debilita cuando solamente se cumple parcialmente. Lamentablemente los políticos y las organizaciones han demostrado poca imaginación en sus luchas y demandas y lo mismo ocurre en las actuales campañas proselitistas, que ponen en evidencia vacíos tanto del oficialismo como de la oposición para convencer a los electores.
Ahora, los comités cívicos y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) acordaron llevar adelante una serie de medida de presión exigiendo transparencia en las elecciones, y entre las medidas anunciadas figuran insistir en la renuncia de los vocales electorales, y del binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García Linera. También determinaron efectuar una marcha con crespones negros el 6 de agosto en los desfiles de todo el país; un paro nacional de 24 horas para el 21 de agosto y la última es un paro general indefinido el 10 de octubre, fecha en que se conmemora los 37 años de la recuperación de la democracia. Además, se pretende de cercar la ciudad de La Paz.
Estuvieron presentes en la reunión realizada en La Paz, los presidentes cívicos de seis regiones, los delegados del Conade y algunos representantes de las fuerzas políticas de la oposición. Además de estas determinaciones, cívicos y activistas opositores conminaron a los candidatos políticos a salir “a luchar por la democracia plena”. Durante el debate hubo muchos planteamientos, algunos radicales que pretendían bloquear a la sede de gobierno, y otras acciones que no alcanzaron consenso.
Alejandro Almaraz, exviceministro de Tierras de Evo Morales, planteó la anulación del proceso electoral, porque en su criterio existe un plan del Gobierno para ganar los comicios con fraude y legitimar su mandato con la participación de los propios opositores. Dirigentes de Comunidad Ciudadana, consideran que las movilizaciones no van a interrumpir al proceso electoral y en todo caso lo que se busca es que sea más transparente y se respeten las normas legales, especialmente la Constitución Política del Estado. A su vez representantes de Bolivia Dice No, de acuerdo a publicaciones de prensa, señalaron que lo importante es conseguir la renuncia de los vocales del TSE y hacer respetar el 21-F.
Los dirigentes de Conade explicaron que lo que busca es las elecciones sean limpias, con un Tribunal Supremo Electoral imparcial, y que se debe rechazar un proceso electoral amañado. Justificaron las movilizaciones porque tienen el objetivo de defender la democracia y los derechos del pueblo a que se respete su voluntad reflejada en las urnas. Para el gobierno estas medidas solamente demuestran que se quiere sabotear a las elecciones e impedir que el pueblo decida en las urnas. De esta manera, las perspectivas se nublan para todas las corrientes políticas. Para algunos analistas, cualquiera sea el resultado, el proceso democrático se ha debilitado y está en riesgo creciente, y nuevamente la actuación de los políticos reitera los errores del pasado que llevaron a la desaparición de la mayoría de las fuerzas políticas tradicionales.