Por su recurrente presencia, los actos de corrupción tienden a ser considerados como algo inevitable. Donde hay corruptos hay corruptores se afirma casi con tolerancia cómplice. Es lamentable reconocer que ya no sorprende a nadie una denuncia de esta naturaleza. Algunas instituciones, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Policía o el sistema judicial, entre otras, han adquirido experiencia en los mecanismos para eludir responsabilidades y tapar graves irregularidades bajo un manto de impunidad. Por ello tampoco extraña a nadie que Bolivia figure entre los países con baja calificación en materia de lucha contra la corrupción, y en lo que va del siglo XXI, todos los informes de Transparencia Internacional han asignado notas pésimas a nuestro país.
Desgraciadamente hay una realidad que pone en evidencia que más son los amagues que la lucha efectiva contra la corrupción. Los cinco gobiernos de los últimos 20 años han anunciado lucha contra la corrupción, y han aprobado leyes y crearon entidades especializadas, pero el mal continúa, debido a que todos los regímenes repiten los mismos errores, que se pueden sintetizar en mantener la impunidad, que es factor que alienta la corrupción a lo que se suma la destrucción de la institucionalidad, afectación de la independencia de la Justicia, y aprobación de decretos que autorizan compras directas y gastos que carecen de controles, lo que hace aparecer a las arcas del Estado abiertas para cualquier tentación, mientras la Contraloría General de la República, y el Poder Legislativo, ya no cumplen su función fiscalizadora.
La corrupción está enquistada porque subsisten las oportunidades que favorecen la irregularidad, que surge debido a que existen factores que, según estudios latinoamericanos especializados, son causa directa de la corrupción, entre ellos, las economías cerradas y excesivamente reguladas; empresas públicas sin gobiernos corporativos fuertes y con la existencia de ingresos deficientemente controlados; la existencia de legislación que permite decisiones discrecionales, como adquisiciones directas o simplificación de trámites. Además de ello, existe una acentuada debilidad de las instituciones fiscalizadoras y de los mecanismos de rendición de cuentas; la opacidad en las oficinas estatales; la selección de funcionarios públicos sin importar sus méritos, sino sus vínculos personales o políticos. La retardación de justicia y el sometimiento del sistema judicial al poder político, deriva en facilitar la impunidad, que es el manto que cubre a los responsables de una serie de delitos.
Es muy difícil cuantificar los daños que la corrupción representa para un país, pero hay varios estudios internacionales que ofrecen indicadores que dan una pauta de la magnitud de este flagelo. El hecho es que tanto el sector público como el privado y la comunidad nacional en general se ven afectados directamente. Las pérdidas por robo de recursos del Estado (peculado), los sobrecostos para el sector privado, la pérdida de valor público de las obras mal construidas o inútiles, el costo del esfuerzo del Estado para luchar contra la corrupción, los costos de acceso a los usuarios de los servicios públicos –que se ha demostrado que suelen ser mayores para los más pobres, depreciaciones y sobrecostos.
Un estudio efectuado ya hace algún tiempo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la base de casos reales de corrupción reveló que en promedio las empresas pagan en coimas un 10,9% del total del valor de las transacciones, lo cual implica un 34,5% de las ganancias. Otra publicación conjunta de la Cámara Internacional de Comercio, Transparencia Internacional, Naciones Unidas, Foro Económico Mundial y la OCDE, utilizando cifras del Banco Mundial da cuenta también de que la corrupción aumenta el costo de hacer negocios en los países en un 10% a nivel global y genera un sobrecosto a las contrataciones con el Estado en un 25% en los países en desarrollo.
Ya estos datos son preocupantes, pero en nuestro país, especialmente durante los últimos 14 años, las comisiones por adjudicaciones de proyectos millonarios alcanzaron sumas que son mucho mayores, si se toma en cuenta los trascendidos. Por ello se hacen indispensable y urgente una amplia investigación que permita esclarecer los sobornos denunciados reiteradamente por obtención de cargos públicos, o las millonarias sumas que controlan los consorcios de abogados, jueces, fiscales y policías. La actual administración de transición ha podido capear los resabios del sistema corrupto apenas tomó control del gobierno, y ha tenido que prescindir de altos funcionarios e iniciar acciones judiciales. El mal está enquistado, y con recomendaciones o paliativos no se logrará nada. Se requiere una profunda transformación del sistema que ahora se apoya en una serie de normas para transgredir y dar paso a la ilegalidad.