Unilateral y discrecionalmente Evo Morales sancionó el repudiado D.S. 3973 autorizando «la quema» y «el desmonte de tierras», violando los artículos 30 inciso 17 y 33 de la CPE. Ignoró el artículo 299 inciso II, que determina: «Es una competencia concurrente del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas: 1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental».
Así, la irresponsabilidad y la insensatez están consumando el etnocidio indígena y el ecosuicidio de la Chiquitanía.
La depredación «autorizada» viene en paquete maligno, el objetivo es transformar «tierras públicas y protegidas» en tierras privadas para la explotación y el lucro de empresarios de la agro industria, madereros y para cocaleros.
Hoy, ante el despotismo, podemos esperar que en un régimen de suspensión de la Ley, dichos sectores causen la desestructuración de la región.
Tanto las tierras indígenas como las unidades de conservación son tierras públicas, a los pueblos indígenas (comunidades) les cabe el usufructo. Sin ella, se condena a pueblos enteros a la muerte física y cultural porque se decreta la orden de su desalojo y/o invasión forzada y como consecuencia su extinción, en el tiempo, total, un indígena no es, no existe. Su muerte cultural y económica, no duele a quienes firmaron el siniestro D.S.
El Decreto, es una orden de ocupación que provocará la tragedia de la deforestación, la muerte de la fauna, la invasión de las tierras, la libre compra venta de la tierra, el arrendamiento a no indígenas, el crecimiento indiscriminado de núcleos urbanos, de propiedades rurales, la desprotección arbórea, los asentamientos y la construcción de infraestructuras, lo que reducirá la biomasa, el conjunto arbóreo y se alterará el microclima del lecho del bosque.
Las pérdidas de peces, animales, aves, plantas y la contaminación de los ríos, será inevitable. Los esfuerzos para impedir la tala y reducir la deforestación no bastarán. El Estado es y será incapaz de controlar y fiscalizar para impedir la explotación depredadora y proteger la biodiversidad.
Los múltiples episodios evidencian problemas de reacción, improvisación y descoordinación, no sólo a nivel central sino a nivel regional y local. La magnitud de estos fuegos no se resuelve con aviones cargados de agua y menos si se reacciona con 15 días de omisión.
Se trata pues, de establecer una verdadera Estrategia Nacional de Gestión de Riesgos contra desastres que prevea presupuestos apropiados, inversión para reducir los riesgos y protocolos de actuación coordinada.
Es necesario realizar un «proyecto conjunto» de prevención con los países amazónicos para evitar más catástrofes ambientales y aportar políticas públicas estratégicas comunes.
El golpe contra «su propia Constitución», está una vez más consumado. Como sabemos, vivimos bajo un régimen de gobierno del hecho consumado.