La crisis sanitaria por el coronavirus, la inestabilidad política y la contracción económica, merecen la preocupación del gobierno de transición y de toda la ciudadanía, pero eso no significa que se olviden otros asuntos de vital importancia como los riesgos ambientales a que está expuesto el país, debido a actitudes irreflexivas que han deteriorado el equilibrio ecológico de varias regiones, especialmente después del incendio de la Chiquitania, la extensión de cocales a las áreas protegidas, la ocupación de miles de hectáreas en las reservas fiscales, y las quemas para habilitar campos de cultivos, que han vuelto a alcanzar límites de riesgo.
Según el monitoreo de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), en los primeros meses del año hubo un tercio más de incendios que en el mismo periodo del año pasado, cuando se quemó una parte importante de la Chiquitania. Se registraron más de 15 mil focos de calor en los primeros cinco meses de la presente gestión, un 35% más que en el mismo periodo de 2019. La fundación advirtió que «amenaza con repetirse» el grave daño ambiental ocurrido el año pasado, cuando los incendios forestales destruyeron 6,4 millones de hectáreas. Recordemos que la emergencia motivó un gran desplazamiento de bomberos, aviones cisternas y la cooperación de varios países de América Latina y Europa, que en este momento sería imposible conseguir debido a que gran parte de la atención se centra en la pandemia. Carlos Pinto, directivo de la FAN, explicó que las quemas «son sobre zonas de uso agrícola; significa que lo que se está detectando corresponde a quema de cordones para la habilitación de la agricultura». El último informe del Ministerio de Medioambiente, en su boletín Nº 34 correspondiente al lunes 4 de mayo se reportan 92 focos de calor en un día, de los cuales el 50% se produjeron en Beni.
FAN considera que hay mucha preocupación porque existen las mismas condiciones de riesgo climático del año pasado y si no se asumen medidas a tiempo, la Chiquitania podría volver a arder igual o peor que en 2019, con la diferencia que ahora, por el coronavirus, será imposible volver a mover a la cantidad de bomberos voluntarios que se trasladaron hasta la zona para apagar los incendios. Según el reporte de la fundación, hasta el 24 de abril se habían acumulado en el país 15.354 focos de calor, la mayoría en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Tarija. Se han registrado 758 focos de calor en parques. El más afectado ha sido Otuquis, que sufrió por las llamas que ingresaron desde Brasil. También hubo incendios en San Matías, una de las áreas protegidas con más superficie afectada el año pasado.
Los incendios no han sido considerados en su verdadera magnitud, por las autoridades, que representan una amenaza creciente para el país, y además no se tiene política pública adecuada para controlar el daño ambiental. Hasta la fecha no existe Ley que prohíban la quema forestal. La política también relegó a un segundo plano la gestión post incendio de 2019 y las acciones para restaurar la Chiquitania quedaron en algunas mesas de planificación.
La tensión entre la conservación de la Amazonía y el desarrollo económico el pasado año marcó sus más altos indicadores en la discusión política sobre las regulaciones en la selva tropical más grande del planeta. La ganadería, la agricultura y la minería presionan para expandirse. Recordemos que los incendios de la Chiquitania, convergieron con otros incendios en la Amazonía, coincidiendo que en ese momento los gobiernos de Evo Morales y Jair Bolsonaro dieron vía libre a la incursión a las reservas naturales, zonas protegidas y territorios indígenas tanto en Bolivia como Brasil. En medio de la indignación internacional causada por la oleada de incendios que devastan la Amazonía y los bosques tropicales, cobran fuerza las tensiones entre los que defienden la conservación de la naturaleza y los que impulsan el desarrollo económico de esas regiones.